Los puertos de todo el país permanecen paralizados por una medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno de Javier Milei para desregular el servicio de practicaje. La protesta, comenzó el sábado 1 de agosto, afecta especialmente a la Hidrovía Paraná-Paraguay y a los puertos del Gran Rosario, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas, aunque se mantienen guardias mínimas para garantizar la operación de buques petroleros y gaseros.
El conflicto comenzó tras la entrada en vigencia del decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.
La norma busca eliminar las denominadas «barreras de entrada» al sector, habilitar la libre contratación de prácticos por parte de las empresas, establecer tarifas máximas para el servicio, simplificar los recorridos y permitir que determinados capitanes con experiencia puedan navegar sin la obligación de contratar un práctico en algunos trayectos.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a reducir los costos logísticos, incrementar la competencia y mejorar la competitividad del comercio exterior.
Sin embargo, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazó la iniciativa al considerarla «abusiva e inconstitucional». La entidad anunció que presentará una acción de amparo ante la Justicia Federal y una denuncia penal contra los funcionarios que impulsaron la medida, al advertir que los cambios comprometen la seguridad de la navegación en los ríos argentinos.
Frente a la paralización de las operaciones portuarias, la Prefectura Naval Argentina envió intimaciones individuales a los prácticos para que retomen sus tareas de manera inmediata.
El organismo recordó que el practicaje constituye un servicio público esencial y advirtió que la interrupción injustificada podría derivar en sanciones administrativas e incluso en consecuencias penales, al invocar el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas para quienes afecten el funcionamiento de los medios de transporte.
Pese a las advertencias oficiales, los profesionales ratificaron la medida de fuerza, aunque resolvieron mantener la prestación del servicio para los buques petroleros y de gas licuado, con el objetivo de evitar problemas de abastecimiento energético y riesgos ambientales.
La protesta ya comenzó a generar consecuencias sobre proyectos estratégicos. Uno de los casos más relevantes es el de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya infraestructura portuaria se desarrolla en Bahía Blanca y Punta Colorada.
El buque semisumergible HL White Marlin, una de las embarcaciones de transporte pesado más grandes del mundo, permanece fondeado frente a Bahía Blanca sin poder ingresar al puerto debido a la ausencia de prácticos.
Sobre su cubierta transporta el buque Seminole y dos remolcadores que debían participar en las obras de la futura terminal offshore destinada a incrementar las exportaciones de petróleo desde la cuenca neuquina.
Si bien se evaluó realizar una maniobra excepcional con capitanes extranjeros y personal de la Prefectura Naval, la complejidad técnica de la operación impidió concretarla, por lo que la instalación de las monoboyas y del tendido submarino continúa demorada.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que la reforma permitirá modernizar el sistema portuario y reducir el denominado «costo argentino», mientras que los gremios insisten en que la desregulación pone en riesgo la seguridad de la navegación y las condiciones laborales del sector.
Decreto 690/2026 by Conclusión Diario Digital