En Rosario, son 390.000 los usuarios (76% residenciales) beneficiados por el régimen de Zona Fría, que con la quita del subsidio perderían el descuento de entre el 30% y el 50% que se aplica por el régimen. La eventual eliminación del beneficio que se debatirá en el Congreso tendrá un impacto directo en las boletas de gas y, por ende, en la economía de los hogares rosarinos, con implicancias económicas y sociales.
Con la nueva modificación cambiaría la forma de cálculo, aplicándose el descuento solo sobre una parte del consumo (con un tope), lo más barato de la boleta, quedando fuera del subsidio la distribución y transporte.
Para debatir la crisis en materia de servicios públicos, con un creciente endeudamiento de familias, el Concejo Municipal de Rosario encabezó este lunes una jornada informativa. Uno de los participantes del encuentro fue Adrián Ganino, secretario letrado de la Secretaría de Relaciones de Consumo y Justicia de Faltas de la Municipalidad de San Martín, quien explicó a Conclusión que a fines de 2023 las tarifas de servicios representaban entre un 5 y un 10% de los gastos de una familia, mientras que tres años después con una desregulación mediante, hoy “impacta en casi 16%”, lo que lleva a que “las familias no lleguen a cubrir servicios y se endeuden”, sumado a “tarifas, naftas y salarios que no alcanzan”.
“La tarifa es una problemática, que no sean confiscatorias, razonables y con un Estado presente. Hay un fallo del año 2016 que habla de no confiscatoriedad de las tarifas, que deben ser justas, razonables, no tienen que aumentar por encima del IPC. El último dato de la inflación fue del 1,9%, y el Gobierno anunció aumentos del 3% en materia de gas y un 2% en materia energética. Creo que hoy la discusión tendría que pasar por la Justicia y luego llevarlo a la calle por parte de la ciudadanía”, reflexionó Ganino.
Por otro lado, se refirió a las palabras del presidente Javier Milei y dijo que “dice que no le puso a nadie una pistola en la cabeza para que se endeude, pero cuando pisas salarios, cierran Pymes, desregulás, el Estado se corre de la pelea por la igualdad en materia de derechos de usuarios y consumidores, y cuando a los jubilados no les alcanza, los estás obligando a endeudarse”.
“Ahí se genera este embudo que dejó de ser individual para convertirse en un conflicto colectivo, social. Creo que el Estado tiene que dar respuesta y si no lo hace, la ciudadanía tomará las decisiones que tenga que tomar. a través de ordenanzas, leyes provinciales, políticas públicas activas”, continuó.
Convocado por la edila Fernanda Gigliani, el evento se propuso visibilizar la preocupación frente a la eventual eliminación del beneficio que se debatirá en el Congreso y que tendría un impacto directo en las boletas de gas y, por ende, en la economía de los hogares rosarinos, con implicancias económicas y sociales.
“A su vez, también el Gobierno Nacional quitó el precio de referencia de las garrafas. Tengamos en cuenta que amplios sectores de la sociedad rosarina se calefaccionan y cocinan con garrafas. Y al eliminar el precio de referencia y al cambiar todo el sistema de subsidios eso está generando muchas complicaciones a las distintas familias rosarinas para acceder. Hoy nos estaban diciendo una garrafa de 10 kilos está a 30.000 o 40.000 pesos en la ciudad de Rosario”, señaló.
En ese sentido, coincidió con la lectura de que “hay un enorme endeudamiento de las familias argentinas y que hoy un alto porcentaje de los sueldos se van solamente y exclusivamente en el pago de los servicios públicos”, y dijo que la idea del encuentro es “poder hacer común algunas reflexiones para que desde las organizaciones intermedias de nuestra ciudad podamos llegar a cada rincón, a cada vecino y fundamentalmente a los representantes que a veces toman decisiones de un escritorio y que no terminan de entender el impacto real y negativo que tiene la vida de las personas”.