La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional será analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de la denuncia presentada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que cuestiona el alcance de la Ley 27.802 por considerar que vulnera derechos laborales, sindicales y humanos. La audiencia fue fijada para el martes 4 de agosto, en el marco del 196° Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH, donde el Estado argentino deberá responder a las acusaciones formuladas por las organizaciones sindicales.
La presentación fue impulsada por el FreSU junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quienes sostienen que la reforma laboral implica un cambio estructural en el sistema de relaciones laborales del país. En ese sentido, las organizaciones afirmaron que la norma «desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral y en beneficio de la más fuerte».
Asimismo, el documento presentado ante la CIDH advierte que «la ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas» y cuestiona que «restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical».
Además, las organizaciones denunciantes sostienen que la reforma «deja aún más desprotegidas a las mujeres y los trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control y represión de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales», por lo que consideran que el Estado incumple estándares internacionales en materia de protección de los derechos laborales.
Durante la audiencia expondrán los secretarios generales Pablo Biró (APLA), Rodolfo Aguiar (ATE) y Clara Chevalier (CONADU), junto al secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini. También participarán los abogados laboralistas Mariana Amartino y Matías Cremonte, además del presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.
Por su parte, el Estado argentino deberá designar representantes para responder a los cuestionamientos y defender la legalidad de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
Además del análisis de la reforma laboral, el FreSU adelantó que denunciará ante la CIDH distintos episodios que, según sostiene, evidencian un proceso de persecución contra dirigentes y organizaciones sindicales.
En ese marco, el documento presentado señala que el Gobierno mantiene «un ensañamiento especial respecto de los trabajadores de prensa y las personas mayores», al tiempo que menciona como antecedente el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2025.
Para las organizaciones denunciantes, ese episodio «es el caso más grave y emblemático de las estrategias represivas implementadas desde diciembre de 2023» y forma parte de «un patrón sostenido de violencia estatal que vulnera derechos humanos, merma la calidad democrática e institucional y reduce el espacio cívico».
La audiencia del martes 4 de agosto colocará el debate sobre la reforma laboral argentina en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos. Desde el FreSU sostienen que el proceso de cambios impulsado por el Gobierno «combina el shock con la represión» y que la legislación aprobada representa un retroceso en materia de garantías laborales.
Aunque las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante, el pronunciamiento del organismo podría tener impacto político e institucional, al tratarse de una denuncia que involucra el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos y protección del trabajo.