La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Regional Rosario emitió un comunicado dirigido al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreceygor, en el que manifestó su “profunda preocupación” por la situación de la Hidrovía y advirtió sobre los riesgos que implica la flexibilización de controles en la navegación. Además, gremios marítimos y aeronáuticos expresaron alarma por el impacto laboral que podrían generar la derogación de la Ley de Cabotaje y una eventual privatización de Intercargo, donde unas 150 familias quedarían en riesgo.
El principal detonante del reclamo fue un reciente siniestro naval ocurrido en aguas del río Paraná, a la altura del kilómetro 421, frente a la ciudad de Rosario. Allí, el remolcador HB Perseus, de bandera boliviana, que trasladaba cerca de 96.000 toneladas de mineral de hierro con destino a San Nicolás, colisionó contra el buque Ginga Bobcat, de bandera panameña, que permanecía fondeado en la rada secundaria de ese tramo de la Hidrovía.
Asimismo, desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Rosario advirtieron sobre la gravedad de la situación y remarcaron que, en el momento del impacto, una tercera embarcación de gran porte, el Sweet Lady de bandera de Malta, navegaba aguas abajo y continuó su recorrido sin verse afectada por el incidente, lo que, según señalaron, expone el nivel de saturación y riesgo operativo existente en la zona.
“Como trabajadores, estos hechos nos interpelan profundamente. No podemos naturalizar que accidentes de semejante magnitud se repitan de manera sistemática”, sostuvo Edgardo Arrieta, secretario general de la CATT Rosario.
En ese sentido, la central gremial remarcó que la seguridad en las vías navegables no depende del azar, sino del cumplimiento riguroso de protocolos y estándares técnicos. “La seguridad es el resultado directo de la formación profesional, la experiencia, la capacitación permanente y el estricto respeto de las normas nacionales e internacionales”, afirmaron en el comunicado enviado a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
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Por otra parte, desde la organización apuntaron contra las políticas de flexibilización y desregulación impulsadas a nivel nacional. “Sostenemos que la apertura indiscriminada a banderas de conveniencia y la baja de estándares laborales, técnicos y formativos ponen en riesgo no solo vidas humanas, sino también el medio ambiente, las cargas y la soberanía nacional”, expresaron.
Además de cuestionar la desregulación del sistema fluvial, la CATT Rosario planteó tres ejes estratégicos que considera centrales para el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En primer lugar, reclamó un mayor control estatal sobre la vía navegable troncal, a la que definieron como “un corredor estratégico para el desarrollo federal” que debe permanecer bajo regulación del Estado argentino.
Asimismo, reivindicaron la necesidad de fortalecer una Marina Mercante Nacional. “Sin flota propia no hay país soberano”, señalaron los gremios, al advertir sobre la creciente presencia de embarcaciones extranjeras en el sistema fluvial argentino.
Además, exigieron políticas activas para sostener la industria naval local, el empleo argentino y la formación profesional continua, al considerar que son “las únicas garantías de eficiencia, seguridad y resguardo soberano en los ríos”.
En consecuencia, el sector pidió formalmente a las autoridades provinciales y nacionales participar en las mesas técnicas y en el diseño de cualquier proyecto legislativo vinculado a la actividad marítima, fluvial, portuaria y naval.
Por su parte, representantes del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) Rosario y del IMPACI mantuvieron recientemente un encuentro con el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, para expresar su preocupación por el proyecto de derogación de la Ley de Cabotaje.
Durante la reunión, el secretario general de SICONARA Rosario, Fernando Ramírez, advirtió sobre “las graves consecuencias que esta medida tendría sobre la región y sobre toda la actividad marítima y fluvial nacional”.
Según detallaron los dirigentes sindicales, una eventual desregulación afectaría directamente los puestos de trabajo argentinos, la seguridad nacional, la formación profesional, la soberanía sobre ríos y puertos y el desarrollo económico vinculado al sistema logístico y portuario.
Además, en el encuentro también se debatieron políticas públicas relacionadas con la defensa de la industria nacional, el impacto ambiental y la necesidad de consolidar una agenda de desarrollo para el sistema marítimo y fluvial argentino.
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Por otro lado, los gremios aeronáuticos también expresaron preocupación ante el avance del Gobierno nacional en el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos de todo el país.
La operación contempla una licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de las acciones de la empresa, sin participación estatal. En ese contexto, sindicatos del sector advirtieron que alrededor de 1.500 familias podrían verse afectadas a nivel nacional, de las cuales unas 120 corresponden a Rosario.
El dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) Rosario, Diego Pagiola, cuestionó duramente la medida. “Los trabajadores aeronáuticos denunciamos la privatización de Intercargo y presentamos una denuncia penal contra el presidente Milei. Es una empresa que da ganancias y se la quieren regalar a los amigos”, afirmó.
En esa línea, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del BICE, Maximiliano Voss.
El gremio solicitó que se investiguen presuntos delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
Asimismo, APA cuestionó el valor fijado para la venta de la empresa. “La Resolución 282/26 del Ministerio de Economía estableció un precio base de 45 millones de dólares para Intercargo, cuando el último balance arrojó un superávit superior a los 20 millones de dólares”, señaló el sindicato en un comunicado.
Por último, Pagiola aseguró que los trabajadores mantendrán las medidas de protesta. “Vamos a estar unidos, organizados y en la calle. Son 1.500 familias en riesgo en todo el país y unas 120 en Rosario”.