A poco más de un mes del inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Peña, los jueces encargados del proceso realizarán el próximo martes una inspección ocular en la casa de su abuela Catalina, ubicada en el paraje Algarrobal, en la provincia de Corrientes. El objetivo del procedimiento será obtener un conocimiento directo del lugar donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024.
Según informaron fuentes judiciales, la medida permitirá al tribunal incorporar una dimensión concreta y territorial de los hechos investigados, especialmente en relación con los tiempos, distancias y movimientos que luego serán analizados durante el debate oral y público.
Además, desde el entorno de la causa señalaron que se trata de una diligencia considerada “ideal” por realizarse antes del inicio del juicio, ya que facilitará la evaluación de futuras declaraciones de imputados y testigos.
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En ese contexto, los magistrados que encabezarán el proceso son Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco. Asimismo, participarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes, Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.
Por otra parte, las defensas de algunos acusados habían presentado planteos para postergar el inicio del debate oral. Sin embargo, esos pedidos fueron rechazados o resueltos mediante distintos acuerdos judiciales, por lo que el juicio continúa programado para comenzar el próximo 16 de junio.
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Además, fuentes del expediente confirmaron que las audiencias serán presenciales y que ya se trabaja en la logística necesaria para el traslado de los imputados hacia la sala de debate.
En total, serán juzgadas 17 personas procesadas en la causa, siete de ellas acusadas en el expediente principal por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.
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Entre los imputados figuran Laudelina Peña, el excomisario Walter Maciel, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el exmarino Carlos Pérez, además de Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez.
Todos los acusados permanecen detenidos en cárceles comunes, con excepción de Mónica Millapi, quien cumple prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico debido a cuestiones familiares.