Los defensores de la jueza Julieta Makintach solicitaron la nulidad de la causa penal que investiga la realización del documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Para los abogados Nicolás Urrutia y Nicolás Corleto, la investigación es el resultado de un «árbol envenenado» porque se trata de un «procedimiento ilegal».
El documento presentado al juez de Garantías N°4, Esteban Rossignoli, resalta que el origen del caso es «ilegítimo» a raíz de que la Fiscalía y uno de los querellantes «utilizó» a Julio Rivas, defensor del neurocirujano y ex médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, con la finalidad de que radique una denuncia que produzca la nulidad del debate.
Se remarca, además, que el fiscal Patricio Ferrari «perdió objetividad» previo a la demanda, porque actuó de manera parcializada al obtener información suministrada por Rivas y actuar en detrimento de la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, por lo que, según consignan los letrados, vicia todo el proceso y justifica la solicitud de nulidad.
En otro tramo del texto, cuestionan la «excursión de pesca» que habría llevado a cabo el representante del Ministerio Público Fiscal, quien investigó de «manera exploratoria, sin una base sólida o sospecha razonable», al tiempo que se obtuvieron pruebas «indiscriminadamente» en perjuicio de Makintach y que dichos datos fueron ocultos por la parte acusadora.
«Al día de hoy, no se ha logrado establecer ni siquiera mínimamente una plataforma fáctica suficiente precisa y circunstanciada, con relevancia típica, objeto de la investigación, pero tampoco se ha logrado siquiera determinar el modo en que se vio comprometida la imparcialidad de la Dra. Makintach en su rol jurisdiccional en el transcurso del debate», añade el escrito.
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Para Corleto y Urrutia, hubo «invasiones a la privacidad e intimidad» de la jueza y «manejos irregulares en la obtención de información destinada a crear este ‘cuento’ necesario para lograr una única finalidad, la nulidad del debate», a la vez que denuncian no haber tenido acceso durante dos meses al testimonio de Rivas.
Según los asesores jurídicos, Rivas afirmó que el 17 de mayo, el denunciante Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna) y Ferrari lo llamaron para informarle que «se estaba corroborando» lo que comentó en la audiencia del 15 de mayo, «que ya habían declarado dos policías y por escrito alguien de la Corte».