La detención de una ex integrante de la Policía Bonaerense puso al descubierto una presunta red dedicada a reclutar argentinos para combatir como mercenarios en la guerra entre Ucrania y Rusia. La principal acusada es Griselda Inés Ortiz, de 45 años, quien fue arrestada en Tigre por orden de la Justicia Federal en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral.
La investigación está a cargo del juez federal Luis Armella, quien subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, junto al fiscal Sergio Mola. La mujer será indagada luego de que los investigadores identificaran a cuatro presuntas víctimas, todas ellas hombres que estaban por viajar hacia Europa.
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Según la acusación, Ortiz no actuaba sola. La Justicia sostiene que contaba con la colaboración de su pareja, un ex integrante de la Policía Federal Argentina, luego transferido a la Policía de la Ciudad, que actualmente se encuentra prófugo y habría escapado a Brasil.
El engaño para llevar argentinos al frente de batalla
La causa comenzó el 11 de marzo, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó en el aeropuerto de Ezeiza a cuatro pasajeros con un itinerario que despertó sospechas.
Los hombres tenían pasajes hacia Estambul, en Turquía, con escala en Chisináu, Moldavia, desde donde ingresarían a Ucrania. Ante las consultas, aseguraban que viajarían para realizar tareas de reconstrucción de infraestructura como obreros de la construcción.
Sin embargo, las declaraciones presentaban contradicciones. Ninguno pudo explicar quién había pagado los pasajes ni cuál sería la fecha de regreso al país. Tampoco conocían personalmente a quienes habían organizado el viaje, ya que el contacto se había realizado a través de redes sociales.
Con el avance de las entrevistas, los cuatro terminaron reconociendo que en realidad habían sido convocados para participar del conflicto armado y que les habían prometido entre 1.000 y 3.000 dólares, dependiendo del destino que ocuparan dentro de la zona de guerra.
De acuerdo con la investigación, los reclutadores les indicaban además qué responder en el aeropuerto si eran interrogados por las autoridades migratorias o por la compañía aérea.
Una modalidad bajo la lupa internacional
Durante el allanamiento realizado en la vivienda de Ortiz, ubicada en Tigre, los investigadores secuestraron una pistola, formularios de reclutamiento, emblemas del Ejército ucraniano y antiguos gafetes policiales de la acusada y de su pareja.
La pesquisa también determinó que ambos apuntaban especialmente a ex policías y ex integrantes de fuerzas de seguridad, personas con entrenamiento en el manejo de armas y experiencia táctica.
El caso no sería un hecho aislado. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) investiga al menos siete expedientes vinculados con este tipo de maniobras en Argentina.
En paralelo, Interpol Colombia emitió una Alerta Morada para advertir a los países de la región sobre esta modalidad de captación. El organismo describió un mecanismo basado en falsas ofertas laborales, contratos redactados en idiomas desconocidos, ocultamiento de las verdaderas tareas, retención de documentación y condiciones coercitivas una vez que las víctimas llegan a destino.
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Para los investigadores, estas organizaciones aprovechan la situación económica y la falta de oportunidades laborales para atraer personas con experiencia militar o policial, que terminan siendo enviadas a uno de los conflictos armados más peligrosos del mundo.