La referente barrial Norma Acosta quedó a un paso del juicio oral, acusada de haber organizado una balacera contra su propia casa, para presentarlo como una represalia policial por sus denuncias de corrupción.
La activista de 49 años está detenida desde hace más de un año y el proceso judicial avanzó este miércoles, cuando el juez Hernán Postma aceptó la acusación presentada por el fiscal Fernando Dalmau para llevarla a un futuro debate oral. Además, fiscalía adelantó que solicitará una pena de nueve años de cárcel. Según la investigación, Acosta habría instigado un autoataque contra la vivienda ubicada en Larguía al 3400, durante la mañana del 7 de mayo de 2025, donde residía con su familia.
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Los fiscales sostienen que el presunto autoataque buscó reforzar su perfil como víctima de corrupción policial y sumar presión sobre las causas donde apuntaba contra miembros de las fuerzas de seguridad.
El objetivo de la farsa, según la investigación, era “instalar públicamente la sospecha de una represalia cometida por la Policía de Santa Fe” por las denuncias de corrupción policial que Acosta venía realizando en redes sociales y por su acompañamiento a familiares de presos que conformaron un grupo conocido como La Ranchada.
Además de la imputación por intimidación pública y abuso de armas, la mujer también fue imputada por falso testimonio, por pretender desviar la investigación con datos falsos.
En el expediente también aparecen mencionadas personas vinculadas a la banda de Los Monos, lo que añade tensión a la causa y obliga a los investigadores a reconstruir vínculos y comunicaciones previas al ataque.
Una causa que mezcla denuncias y balaceras
De acuerdo a la hipótesis fiscal, el episodio de la balacera no fue un ataque externo sino un hecho planificado. La defensa de Norma Acosta insiste en su inocencia y plantea que se trata de una persecución por sus reiteradas críticas a la actuación policial.
El juicio definirá si la Justicia convalida la tesis del autoataque o si da lugar al planteo de la defensa, que reclama revisar la investigación y el peso de las pruebas reunidas durante el año de encierro preventivo.
Como protagonistas del vandalismo, los tiradores que abrieron fuego contra la casa fueron detenidos esa misma mañana. Ignacio N. (17), señalado como el gatillero, fue aprehendido en Biedma y Alem. Nicolás Robles (18), quien conducía la bicicleta playera, fue detenido por la tarde.
Los soldaditos, según la causa, actuaron por pedido directo de Nahuel “Monta” Depetris, un integrante de la barra brava de Newell’s que ofició de intermediario. En el caso también quedó involucrado Sergio, hijo de Norma Acosta, quien, según la Fiscalía, colaboró con el borrado remoto de datos del celular de su madre, que estaba incautado en el depósito de la Policía Federal. Por esta maniobra, Norma sumó una imputación por violación de sellos y documentos, en la modalidad de sustracción e inutilización de objetos bajo custodia, como coautora.
La detenida, protagonista de múltiples denuncias en la última década: desde la muerte de su pareja, Miguel “Japo” Saboldi, en el penal de Francia al 5200, pasando por su detención y condena por comercialización de drogas, hecho que ella atribuye a una causa armada, hasta los asesinatos de su padre y su hermano. En esa época, Acosta denunció públicamente a Luis “Pollo” Bassi, al tiempo que se mostró cercana a un sector del clan Cantero.
Por el momento, el juez Hernán Postma admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía y dispuso que Acosta continúe en prisión preventiva por cuatro meses. En ese plazo, la causa debería llegar a juicio.