Organizaciones ambientalistas manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que introduce cambios que debilitan la protección ambiental y el control sobre la propiedad de tierras rurales. Entre las modificaciones más cuestionadas figuran la derogación de restricciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios y la eliminación de los límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la modificación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego (26.815), que actualmente prohíbe durante un período de entre 30 y 60 años cambiar el uso del suelo, vender o subdividir terrenos afectados por incendios en bosques, humedales y pastizales, ya sean siniestros intencionales o accidentales.
Desde Greenpeace advirtieron que eliminar esa restricción podría generar un incentivo para los incendios provocados con fines inmobiliarios o productivos. «La derogación de esta norma podría generar un aumento de los incendios intencionales», alertó la organización ambientalista.
La entidad recordó que durante el último verano la Patagonia sufrió los incendios forestales más graves de las últimas seis décadas, con más de 60.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos destruidas por el fuego.
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No obstante, Greenpeace señaló que continuará vigente el artículo 40 de la Ley Nacional de Bosques (26.331), que obliga a restaurar los bosques afectados por incendios o desmontes. Sin embargo, también expresó preocupación porque el Gobierno anticipó su intención de flexibilizar esa legislación, aunque por el momento no presentó un proyecto de reforma.
«La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas», sostuvo la organización, quien reiteró que impulsa la penalización de los desmontes ilegales y de los incendios forestales provocados.
El proyecto también propone modificar la Ley Nacional de Tierras Rurales (26.737), sancionada en 2011, que limita al 15% la superficie rural que puede quedar en manos extranjeras y prohíbe la adquisición de inmuebles ubicados sobre cursos permanentes de agua o en zonas de frontera.
La iniciativa elimina esos límites y habilita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, salvo en algunos casos vinculados con empresas controladas por Estados extranjeros, que requerirán autorización nacional y provincial.
Para Greenpeace, si bien la reforma no implica automáticamente una explotación indiscriminada de recursos naturales ya que existen otras normas específicas de protección ambiental, sí podría facilitar una mayor presencia de corporaciones extractivas sobre territorios estratégicos.
«Podría aumentar la compra de tierras con recursos naturales por parte de corporaciones extractivistas, que luego podrían presionar para modificar las leyes ambientales vigentes, como sucedió recientemente con la Ley de Glaciares», advirtió la organización.
Misiones, entre las provincias más expuestas
El proyecto también despertó preocupación en Misiones, donde organizaciones ambientales, dirigentes sociales, funcionarios provinciales e intendentes cuestionaron el impacto que tendría sobre una provincia con el 90% de su territorio limítrofe con Brasil y Paraguay, donde además se encuentra parte del Acuífero Guaraní y la Selva Misionera.
Los críticos sostienen que la eliminación de las restricciones para vender tierras a extranjeros podría afectar zonas estratégicas desde el punto de vista ambiental y de la soberanía.
También cuestionan una cláusula de «silencio administrativo», por la cual, si una provincia no responde en el plazo previsto sobre una operación de compraventa, esta quedaría automáticamente autorizada.
Otro punto señalado es la derogación de las restricciones sobre tierras incendiadas, ya que, según advierten, convertiría al fuego en un mecanismo para habilitar cambios de uso del suelo o futuras operaciones inmobiliarias.
Asimismo, el debate continuará en agosto, el proyecto debía tratarse el 16 de julio en el Senado, pero el oficialismo resolvió postergar por tercera vez su tratamiento debido a la falta de los votos necesarios para su aprobación.
La discusión fue reprogramada para el próximo 6 de agosto, cuando volverán al recinto los artículos vinculados con la venta de tierras a extranjeros, las restricciones sobre terrenos incendiados, los desalojos y otras modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.