Este sábado, concluyó la extensísima audiencia imputativa en la cual se acusó formalmente a 19 personas, directivos y ex directivos del grupo Vicentin por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. Tras escuchar durante los argumentos de los fiscales, el tribunal conformado resolvió dictar prisión preventiva, por el plazo de 120 días, para cuatro de los directivos, señalados como jefes de la asociación ilícita, Daniel Buyatti, Omar Scarel, Alberto Macua y Roberto Gazze.
En tanto, Máximo Padoan, Cristian Padoan., Martín Colombo Bpschi, Sergio V., Pedro Vvicentin, Roberto Vicentin, Yanina Colombo Bosch, Javier Gazze, Miguel Víctor Vallaza, Carlos Sartor., Daniel Foschiatti, Fernando Bougain, Diego Boschi, Alberto Padoan, Facundo Persoglia fueron acusados de participar en la organización y continuarán el proceso en libertad con restricciones impuestas por el tribunal.
Durante tres días, los fiscales Sebatián Narvaja y Miguel Moreno argumentaron que los cuatro hombres señalados como los jefes de la organización, a pesar de estar siendo ya investigados y con un proceso judicial en curso, continuaban siendo los reales directores del grupo, pese a que aseguraban que se habían retirado, y llevaban adelante estafas que afectaban a la caja de la propia empresa.
En ese sentido, señalaron que habían usado casi $1.000 millones de pesos para gastos personales y que habían gestionado retiros voluntarios para ellos mismos por más de 2.000 millones de pesos, afectando así a los empleados y a los acreedores, ya que para ello utilizaron el patrimonio destinado a pagar los sueldos y cancelar deudas.
En conferencia de prensa, el fiscal Sebastián Narvaja explicó: «Descubrimos que después de 2020, que es donde se cortan las maniobras de las que los habíamos acusado en primer término, han continuado haciendo maniobras para sacar fondos de Vicentín y de las empresas que pertenecen a Vicentín para costearse gastos propios, lo cual constituye el delito de administración fraudulenta», explicó el fiscal Sebastián Narvaja.
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El funcionario judicial detalló que estas cuentas, de las que salió ese dinero, no estaban controladas por la veeduría del concurso, porque la misma solamente controla Vicentín Sociedad Anónima, pero no tiene poder para ver las cuentas de las otras empresas. «Y lo que acusamos es esto, que aprovecharon la falta de control sobre las otras empresas que sí pertenecen a Vicentín, pero que no son Vicentín, y sacaron esos fondos. Y también parte de lo que imputamos son maniobras que se dan, ahora sí en perjuicio de Vicentín, pero obviamente desde agosto del año pasado, del 2024 en adelante, que coincide justo cuando termina la veeduría del concurso preventivo en el marco del concurso»
En ese sentido, Narvaja remarcó que se presentó al tribunal pruebas que muestran que el comportamiento de las personas fue seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo antes de 2019, que lo que la fiscalía había imputado. «El impacto que tiene este tramo de la investigación es justamente advertir que las conductas que habíamos verificado años atrás, en aquella imputativa, se siguieron desarrollando en el tiempo y que determina un modus operandi en el que la asociación ilícita muta de tener como objetivos el obtener ganancias ilícitas o defraudar y administrar fraudulentamente a consolidar el provecho del delito y obtener impunidad para sus integrantes».
Otro punto que surgió durante la investigación es que parte de esos fondos, se utilizaron para pagar a periodistas y que esos periodistas «han desinformado, en cierta forma, a través de cuentas de Twitter (ahora X) donde se ha cuestionado mediante falacias al accionar de la fiscalía en la causa Vicentín, comparado con otras causas en las que no se habrían tomado las mismas medidas».»Pero, como se dijo en la audiencia, en esas causas en donde se le reprocha a la fiscalía no haber tomado las mismas medidas que en Vicentín, no se advirtió la comisión de delito alguno, con lo cual esas causas están archivadas y confirmadas por la Fiscalía General».
En cuanto al criterio para solicitar la prisión preventiva, el fiscal Miguel Moreno apuntó fue la comisión de nuevos delitos y la verificación de la peligrosidad procesal. «Esto es, intentar eludir de todas las maneras posibles suministrar información a la fiscalía y a los órganos concursales, intentar influir sobre la voluntad de, al menos en un caso tenemos corroborado, en la voluntad de una de las víctimas, en la actitud que los imputados han demostrado frente al daño. Es decir, hay un perjuicio patrimonial de 400 millones de dólares y, frente a este daño, la actitud de las personas imputadas ha sido profundizar el daño y continuar en la comisión de hechos ilícitos».