La jueza Karina Andrade rompió el silencio tras la liberación de los detenidos en el marco de la represión que tuvo lugar el miércoles pasado en los alrededores del Congreso, en el contexto de una nueva marcha de los jubilados, que esta vez fue acompañada por hinchas de distintos clubes.
«No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos, el derecho a expresarse, a manifestarse», sostuvo y criticó la forma en la que las fuerzas de seguridad realizaron los arrestos: «No se cumplía el procedimiento, es el ABC de las detenciones».
«Hice esta priorización de derechos, eso remarqué y fue mi decisión. Acá hay algo que se debe garantizar a los adultos mayores: la libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto. Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas», justificó Andrade su decisión.
Luego, reiteró que la Justicia no recibió motivos suficientes para procesar a los detenidos: «Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté».
«Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. Se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento, que debemos resolver y que podemos y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la Constitución, de la expectativa lícita y que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos», explicó.
También recordó que la información que le brindaron al llegar los detenidos fue escasa e insuficiente para mantenerlos privados de la libertad. «Los datos para la comunicación de una detención son nombre de la persona, DNI, lugar donde estuvo, intersección, [tiene que ser] exacto, el oficial y la fuerza que interviene. Y yo siempre pido que en el delito de desobediencia que se haga un sucinto de los hechos», expuso e insistió con que estos detalles no fueron facilitados en el momento.
«Tienen que cumplir los requisitos mínimos de información al juez y, otra cosa, fue que tenía un pedido de la defensa, no es que lo hice de oficio, más allá de que yo venía viendo una gran diferencia entre los detenidos que se anunciaban públicamente y los que a mí me estaban informando. Hay una obligación básica de informarle al juez de la causa la detención y tardaron horas. No con los primeros, pero después se comunicaron como 80 personas juntas, 60, no me acuerdo el número», declaró.
La magistrado zanjó el asunto: «Nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse. Frente a una situación donde se anuncia desde un grupo de la sociedad una manifestación, debe estar garantizado que nadie cometa delitos en ese contexto, debe estar garantizado que alguien pueda manifestarse libremente. Y la persona que cometa delitos es detenida».
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Más allá de que asegure que la ley ampara su decisión, desde el Ministerio de Seguridad nacional solicitaron declarar incompetente a Andrade por inhibición, en el marco de una denuncia por atentado al orden constitucional y la vida democrática.
La magistrado se escudó en lo que dispone la ley: «Está mi audiencia pública, expresé toda mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares que pude ocupar por estar dentro del Poder Judicial. Cuando se dicen esas cosas se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra jueces y juezas».