En la sede de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), rectores y rectoras de Universidades Nacionales mantuvieron una reunión con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con el objetivo de abordar la situación crítica que atraviesa la educación superior pública en Argentina.
El encuentro estuvo centrado en el impacto del ajuste financiero y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.
Durante la jornada, Massa destacó el rol fundamental de la universidad pública como motor de movilidad social ascendente. “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, afirmó, subrayando que defender esta institución es una obligación colectiva de la sociedad argentina.
El exministro de Economía puso especial énfasis en «la pérdida de capital humano», señalando la urgencia de recuperar a los 10 mil docentes y científicos que han emigrado del país debido a los recortes. En ese sentido, planteó la necesidad de devolverle a la universidad su centralidad como el modelo estratégico de desarrollo para la nación.
El diagnóstico institucional presentado en la reunión fue alarmante. Desde diciembre de 2023, las Universidades Nacionales han sufrido una caída presupuestaria real del 41,6%. Este escenario se traduce en una crisis salarial donde docentes y no docentes perdieron más del 30% de su poder adquisitivo, sumado a la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de obras de infraestructura esenciales.
“La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante, todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”
Finalmente, se discutió el conflicto legal con el Poder Ejecutivo. A pesar de que la Ley 27.795 fue sancionada y ratificada por el Congreso con mayoría agravada, el Gobierno continúa sin aplicarla.
Incluso frente a una medida cautelar ratificada por la Corte Suprema que obliga a actualizar salarios y becas, y a un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto que frenó la ley, el Ejecutivo mantiene su postura de incumplimiento.