El Gobierno implementará nuevas medidas para mejorar la cobrabilidad de las cuotas de préstamos otorgados por bancos y fintech, en un contexto marcado por los elevados niveles de morosidad entre personas y familias. Si bien los últimos datos muestran una leve mejora, los incumplimientos de pago continúan en niveles históricamente altos y afectan a casi 6 millones de personas.
Según uno de los últimos informes difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los atrasos en las deudas familiares dejaron de crecer en junio por primera vez en un año y medio y registraron un leve retroceso.
La tasa de morosidad en los préstamos personales y los saldos de tarjetas de crédito se ubicó en junio en 12,8%, lo que representó una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto de mayo. A su vez, de acuerdo con el Informe sobre Bancos, la irregularidad del crédito —como se denomina al incumplimiento en la devolución de los préstamos— se redujo levemente y quedó en 7,6%.
La disminución de 0,1 puntos porcentuales en relación con el mes anterior respondió a una desaceleración en el crecimiento de la cartera irregular y a un aumento real del financiamiento total.
En este escenario, el Ejecutivo busca profundizar la reducción de la morosidad mediante dos herramientas destinadas a facilitar el cobro de las cuotas de los préstamos.
La primera comenzará a regir el lunes 31 de agosto y se denomina Cobros por Transferencia. El mecanismo permitirá a las entidades financieras debitar la cuota pendiente de un préstamo desde la cuenta bancaria o billetera virtual del cliente moroso, siempre que este haya otorgado previamente su autorización.
El consentimiento deberá ser expreso y podrá ser revocado de manera inmediata por el usuario en cualquier momento.
Para evitar situaciones de sobreendeudamiento, las cuotas deberán ser fijas e iguales y no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona. Además, si el préstamo fue depositado en una cuenta de un banco diferente al que otorgó el crédito, la entidad acreedora podrá debitar la cuota pendiente directamente de esa cuenta en caso de mora.
Antes de realizar el débito, la entidad deberá notificar al usuario con al menos un día de anticipación. También se establecen límites a los intentos de cobro, habrá un intento inicial y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas, con el objetivo de evitar prácticas abusivas.
La medida, sin embargo, generó cuestionamientos dentro del sector financiero. Bancos y proveedores de crédito manifestaron poco interés en su implementación debido a lo que consideran “problemas de diseño”.
Una de las principales críticas apunta a que el mecanismo solo permite cobrar desde la cuenta en la que se depositó el préstamo. Según las entidades, esto podría limitar su aplicación práctica, ya que pocos bancos estarían dispuestos a transferir los fondos de un crédito hacia una cuenta perteneciente a una entidad competidora. Además, el esquema no permitiría computar intereses ante eventuales retrasos en los pagos.
La segunda medida está vinculada con la ampliación del código de descuento sobre el recibo de sueldo, una herramienta que permite a los bancos descontar directamente del salario del trabajador las cuotas correspondientes a los préstamos.
La iniciativa fue reglamentada a través del artículo 36 de la reforma laboral, aunque su entrada en vigencia todavía depende del Banco Central. La autoridad monetaria deberá definir las normas complementarias y completar su publicación para que el mecanismo pueda comenzar a aplicarse.