Amnistía Internacional lanzó una fuerte denuncia contra el gobierno de Javier Milei acusándolo de usar tecnologías con inteligencia artificial para vigilancia en Argentina.
Según un nuevo informe de la organización, las herramientas incorporadas durante los primeros dos años de gestión ampliaron la capacidad del Estado para recopilar información, establecer perfiles y ejercer mecanismos de control sobre la población.
El documento advierte que entre 2024 y 2025 el Gobierno adquirió tecnologías de vigilancia por al menos 1,2 millones de dólares, entre ellas sistemas para monitorear redes sociales, herramientas de reconocimiento facial y dispositivos de vigilancia aérea. Para Amnistía, el conjunto de estas políticas y adquisiciones configura un sistema de vigilancia masiva que puede afectar derechos fundamentales.
La organización sostuvo que estas prácticas generan un efecto disuasorio sobre la privacidad, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. El informe se elaboró a partir de entrevistas con 21 personas, entre periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos, además del análisis de contratos, documentos oficiales y pedidos de acceso a la información.
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LA DENUNCIA DE AMNISTÍA
El informe, titulado «Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina», señala que la administración de Milei impulsó cambios institucionales mediante decretos y resoluciones para aumentar la capacidad estatal de recopilar y procesar información.
Amnistía cuestionó especialmente la utilización de herramientas basadas en inteligencia artificial para recopilar datos de distintas fuentes. Entre ellas aparecen plataformas capaces de reunir, verificar y visualizar grandes volúmenes de información provenientes de redes sociales, sitios web, la dark web, bases de datos públicas y otros registros.
«Estas tecnologías se están consolidando como componentes centrales de un entramado de control estatal que busca desalentar la protesta, limitar las voces disidentes y someter a una mayor vigilancia a grupos históricamente marginados», afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
La organización también alertó sobre la falta de controles y transparencia en el uso de estas herramientas. Según su investigación, cuando quienes cuestionan al Gobierno o reclaman respuestas pueden quedar expuestos a mecanismos de vigilancia, aumenta el riesgo de prácticas que afectan la participación democrática.
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RECONOCIMIENTO FACIAL, DRONES Y REDES SOCIALES
Entre las adquisiciones señaladas aparecen licencias de software de reconocimiento facial, además de drones y estaciones de control terrestre con sistemas de rastreo automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.
Amnistía sostuvo que algunas de estas tecnologías fueron desarrolladas por empresas que cuentan con antecedentes cuestionados por el uso masivo de datos biométricos. El organismo reclama la creación de un marco específico que regule su adquisición y utilización por parte de las autoridades.
El impacto, según el informe, ya puede observarse entre distintos sectores de la sociedad. Periodistas, activistas y migrantes aparecen entre los grupos alcanzados por estas nuevas capacidades de vigilancia.
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PROHIBICIÓN DE TECNOLOGÍAS
La organización reclamó al Gobierno argentino que prohíba el desarrollo, producción, venta y utilización de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto destinadas a realizar vigilancia masiva o discriminatoria.
También pidió establecer regulaciones para la compra, importación, exportación, desarrollo y uso de herramientas de vigilancia. En ese sentido, reclamó políticas públicas que definan con claridad cuándo y bajo qué condiciones pueden utilizarse.
«Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control», sostuvo Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
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