Un fuerte conflicto político sacude al oficialismo de General Rodríguez luego de que Javier Tarragona, concejal de Fuerza Patria, fuera denunciado penalmente por presuntos vínculos con una organización dedicada al narcotráfico. La presentación partió de un funcionario de su mismo espacio político.
La denuncia fue realizada por Nicolás Rappazzo Demarchi, secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, y quedó radicada ante la UFI N°12 de Moreno-General Rodríguez, especializada en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y a cargo del fiscal Ezequiel Freydier.
El caso tiene un fuerte impacto institucional porque Tarragona, Rappazzo Demarchi y el intendente Mauro García forman parte de Fuerza Patria. Además, el concejal denunciado mantiene desde hace años una estrecha vinculación con la gestión municipal: antes de asumir su banca en diciembre de 2023 fue secretario privado del jefe comunal.
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La presentación judicial se originó a partir de información aportada por un vecino de General Rodríguez, quien decidió mantener su identidad bajo reserva por temor a posibles represalias. Según consta en la denuncia, el hombre transmitió datos que el secretario de Seguridad consideró de “extrema gravedad institucional”.
De acuerdo con esa versión, Tarragona tendría presuntos vínculos con una organización dedicada a la comercialización de drogas que contaría con distintos puntos de venta en barrios de General Rodríguez. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y ahora deberán ser corroboradas o descartadas por la investigación judicial.
Qué dice la denuncia contra Javier Tarragona
Uno de los puntos centrales de la presentación sostiene que el concejal habría intentado obtener anticipadamente información sobre allanamientos vinculados con investigaciones por narcotráfico. La sospecha es que esos datos podrían haber sido utilizados para advertir a integrantes de la supuesta organización antes de los operativos.

La denuncia también menciona la presunta existencia de una “cocina” de clorhidrato de cocaína en General Rodríguez y aporta referencias sobre vehículos y números telefónicos que podrían resultar de interés para determinar si existieron contactos entre Tarragona y las personas señaladas.
Otro elemento incorporado al expediente es el country Terravista, ubicado en la zona de Ruta 24 y Acceso Oeste. Según la acusación presentada ante la Justicia, integrantes de la presunta organización tendrían domicilios dentro de ese exclusivo barrio privado de General Rodríguez.
Además, Rappazzo Demarchi solicitó que se investigue un posible enriquecimiento ilícito del edil. Ese punto también surge de la información proporcionada por el vecino y, al igual que el resto de las acusaciones, deberá atravesar las correspondientes medidas de prueba.
Cómo sigue la causa que sacude al oficialismo de General Rodríguez
Con la denuncia presentada, la investigación quedó en manos de la Fiscalía especializada en narcotráfico de Moreno-General Rodríguez. El próximo paso será determinar si existen elementos objetivos que permitan avanzar sobre las sospechas planteadas contra el concejal.

Entre las medidas que podrían resultar relevantes aparecen el análisis de los teléfonos y vehículos mencionados en la presentación, la reconstrucción de posibles contactos y la comprobación de la información relacionada con eventuales puntos de venta de drogas y la supuesta estructura señalada por el denunciante.
Rappazzo Demarchi pidió expresamente que la causa tenga “máxima celeridad” debido a la gravedad institucional de las acusaciones y a la condición de funcionario público de Tarragona. Hasta el momento, la información disponible no da cuenta de una imputación formal ni de medidas judiciales contra el concejal.
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El expediente abre, además, una crisis dentro del oficialismo municipal. Tarragona llegó al Concejo Deliberante después de trabajar durante casi cuatro años junto al intendente Mauro García y ahora enfrenta una denuncia impulsada desde la propia administración comunal. Será la Justicia la que deberá establecer si las acusaciones tienen sustento, mientras el caso comienza a generar repercusiones políticas en General Rodríguez.

