La Fiscalía General de México informó este jueves la detención del exgobernador del estado de Guerrero, acusado de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia en el marco de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El exfuncionario, de 70 años, es uno de los dirigentes políticos de mayor jerarquía procesados por uno de los episodios más graves y conmocionantes de la historia reciente del país.
Los estudiantes, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando viajaban en autobuses por Guerrero con destino a una movilización en la Ciudad de México. A casi doce años del hecho, el caso continúa sin resolverse, no hay condenas firmes, se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas y solo fueron identificados los restos de tres de los jóvenes.
La fiscal general, Ernestina Godoy, confirmó la detención mediante un mensaje difundido por las redes oficiales del organismo y señaló que el exgobernador fue arrestado por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia, aunque no brindó mayores precisiones sobre las acusaciones específicas.
«Trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de los hechos, conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que participaron en estos repudiables hechos», afirmó la funcionaria.
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El exgobernador ocupaba el máximo cargo político de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes. En octubre de 2014 solicitó licencia y dejó el cargo antes de finalizar su mandato. Desde entonces, permanecía alejado de la actividad política.
Su detención lo convierte en uno de los funcionarios de mayor rango imputados por la causa, junto con el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso judicial por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
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La investigación sobre Ayotzinapa atravesó distintos giros en los últimos años. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se sostuvo la denominada «verdad histórica», según la cual los estudiantes habrían sido asesinados, incinerados y sus restos arrojados a un río del estado de Guerrero.
Esa versión fue posteriormente cuestionada y el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó reabrir la investigación, calificando el caso como un «crimen de Estado». Las nuevas pesquisas descartaron varios aspectos de la teoría inicial, aunque coincidieron en que los estudiantes fueron atacados por un grupo criminal con la presunta complicidad de policías locales.
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La causa continúa siendo uno de los principales desafíos para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ratificó su compromiso de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y aseguró que su administración buscará «la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes».