El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció este martes al gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo representa «un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX». Durante una audiencia realizada en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del organismo, la organización sindical también denunció una presunta política de persecución y disciplinamiento contra dirigentes gremiales.
Al abrir la exposición del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que «el espíritu de esta reforma es beneficiar únicamente a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos».
La audiencia había sido solicitada por el FreSU junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), y también contó con la participación de los abogados laboralistas Mariana Amartino y Matías Cremonte, además del presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.
En ese marco, Aguiar agregó que «aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso esta Comisión debe actuar».
A continuación, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que «como parte de esa política de destrucción de los derechos laborales, el Gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres».
Además, Chevalier advirtió que «estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales, como la jornada de ocho horas, instalando un banco de horas flexible que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida«. En ese sentido, remarcó que «esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis de los cuidados y desorganiza los hogares».
Al referirse a la presunta persecución contra dirigentes sindicales, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, denunció que «el Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del Gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales.
Agregó «Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un hábeas corpus preventivo».
Asimismo, Biró aseguró que «el Gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contra organizaciones sindicales como La Fraternidad, la UTA, la Asociación del Personal Aeronáutico y promovió acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte».
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El FreSU denunció al Estado argentino ante la CIDH por la reforma laboral regresiva
Tras escuchar las exposiciones, los comisionados de la CIDH formularon observaciones y solicitaron explicaciones a los representantes del Estado argentino sobre la implementación de la reforma laboral y las presuntas irregularidades denunciadas.
En respuesta, el abogado laboralista Matías Cremonte afirmó que «la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo, que es la justicia social; se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores puedan ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja».
Por su parte, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, sostuvo que la derogación del Estatuto del Periodista Profesional «es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho de huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país».
En tanto, la abogada Mariana Amartino, en representación de las organizaciones convocantes, solicitó que la CIDH «emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos y exhorte al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos». Además, pidió que «esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho».
Asimismo, Amartino requirió que la Comisión «declare que la derogación del Estatuto del Periodista resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y exija al Estado argentino el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión».
También invitó a que «la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) realice una visita a la Argentina para recibir información sobre el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y tome contacto con las organizaciones sindicales para planificar esa misión».