El presidente Javier Milei se refirió este domingo al proyecto que impulsa su Gobierno y que busca modificar la ley N° 19.492/44 de Cabotaje, con la que se otorgarán permisos temporarios a buques extranjeros, con la intención de bajar costos logísticos y potenciar los puertos del país.
Para el mandatario, el proyecto cambiará las normas de navegación y se trata de una reforma orientada a la desregulación del sector, escrita por el ministro Federico Sturzenegger.
La modificación de dicho decreto impacta en la apertura del transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos a buques de bandera extranjera, en la flexibilización de las exigencias sobre tripulación nacional y en la eliminación de aranceles de importación para barcos. Su mención se dio en el marco del discurso que pronunció este domingo ante la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Asimismo, permite que las navegaciones de otras banderas operen el cabotaje fluvial y marítimo local mediante autorizaciones temporarias, al mismo tiempo en que elimina la obligación de contar con tripulación local durante los primeros 90 días, con una escala de manera gradual hasta un piso del 75% al año de operar.
????“Estamos mandando al congreso una ley que modifica el régimen de navegación de nuestro país”
Javier Milei presente en el acto inaugural de la 138.ª Exposición Rural.
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— La Nación Más (@lanacionmas) July 26, 2026
Esta reforma, por un lado, elimina aranceles para importar barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad con el fin de incrementar la oferta de bodegas y, por otro, busca reducir el gasto logístico en la hidrovía y en las economías regionales e que intenta solucionar la falta de barcos locales suficientes para mover la producción interna.
En cuanto a los bloques opositores, también presentaron otros proyectos vinculadas a la navegación: en el caso de Unión por la Patria, la iniciativa fue presentada por la diputada nacional Agustina Propato declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como un bien de Interés Público Nacional y Objetivo de Valor Estratégico.
Contrariamente a lo que propone el Gobierno Nacional, esta normativa pretende frenar el avance de las privatizaciones en el sector fluvial y garantizar que el control operativo, el dragado y la administración del comercio exterior permanezcan bajo la órbita de la soberanía del Estado argentino.
De hecho, establece el tramo comprendido entre el kilómetro 1.238 (Confluencia) hasta las aguas profundas del Río de la Plata, como infraestructura crítica nacional indispensable y esto limita la entrega de recursos estratégicos a consorcios privados extranjeros.