Luego de meses de debate y a pesar de las denuncias judiciales, el Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de concesión de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.
La adjudicación quedó formalizada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio. La empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación.
La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.
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Asimismo, el proyecto contempla obras de profundización de la vía navegable y la incorporación de tecnología destinada a mejorar la seguridad de la navegación y fortalecer las acciones de combate contra el narcotráfico. Las obras previstas permitirán que los buques completen la carga en los puertos de origen, con el objetivo de generar ahorros adicionales, ampliar la frontera productiva e incrementar la competitividad de los sectores productivos e industriales, según establecieron.
El Gobierno destacó además que el proceso licitatorio contó con el respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.
Denuncias por falsificaciones
Semanas atrás, el juez federal Daniel Rafecas rechazó pedidos de suspensión de la licitación de la Hidrovía formulados por la diputada nacional Marcela Pagano y por el dirigente Fernando Míguez, al considerar que no se acreditaron los requisitos necesarios para dictar una medida cautelar.
En la denuncia, Pagano sostenía que el proceso habría sido diseñado para favorecer a la empresa Jan de Nul y a grupos empresarios locales vinculados al Grupo Neuss, mediante cláusulas técnicas restrictivas y supuestos acuerdos previos de reparto de contratos. La legisladora también denunció presuntas falsificaciones de documentación técnica atribuida a Naciones Unidas y vinculó el proceso con antecedentes irregulares en otras licitaciones estatales.
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Por su parte, Míguez, referente de la ONG Fundación por la Paz y Cambio Climático, afirmó que el pliego habría sido confeccionado con requisitos imposibles de cumplir para otros competidores y denunció un eventual perjuicio millonario para el Estado por el traspaso del cobro de peajes al sector privado.
Sin embargo, de acuerdo con la información oficial, la licitación mantuvo criterios de transparencia pública y fue auditada en sus distintas etapas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que supervisó la aplicación de buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.
La concesión de la Vía Navegable Troncal pone fin a la etapa de gestión estatal directa de la infraestructura y da paso a un esquema de inversión privada, mientras el Estado conservará funciones de control y supervisión.