La entrada en vigencia del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham desató una profunda ola de cuestionamientos y asambleas vecinales. La reforma, promovida activamente por la gestión del intendente Damián Selci, se presentó de manera oficial como una palanca clave para modernizar el distrito, atraer capitales privados y potenciar el perfil logístico local.
Todo esto, aprovechando la conectividad estratégica que ofrecen arterias como el Camino del Buen Ayre, la Ruta Provincial 4 y el Acceso Oeste. Sin embargo, para los habitantes de los barrios, el plano arquitectónico esconde severas complicaciones cotidianas.
El conflicto escaló desde el minuto uno de su tratamiento legislativo. Organizaciones sociales y vecinos autoconvocados denunciaron que el expediente avanzó a «libro cerrado» en pocas semanas. Manifestaron que hubo serias trabas para revisar la letra chica del proyecto, sumado a una llamativa falta de información pública sobre los estudios de impacto técnico ambiental y el mapa definitivo para el uso del suelo.
La instancia de participación comunitaria tampoco sirvió para calmar los ánimos. Quienes siguieron de cerca el proceso afirmaron que la audiencia pública estuvo blindada. Uno de los vecinos que formó parte del debate fue contundente respecto al clima que se vivió en el lugar.
«La audiencia no cumplió con la normativa ya que el acceso a la información fue limitado y lo poco que pudimos acceder fue días antes de la audiencia; el espacio para los vecinos fue pequeño, no se garantizó que todos pudiéramos estar y, los pocos que estuvimos, soportamos 11 horas de audiencia, con vallas, seguridad y todo tipo de provocaciones por parte del municipio», dijo.
A pesar de la resistencia en las calles, la ordenanza avanzó con un fuerte respaldo político transversal en el Concejo Deliberante, donde cosechó los votos positivos de las bancadas de Unión por la Patria, el PRO y La Libertad Avanza, entre otros monobloques.
Hurlingham: industrias en zonas residenciales y un fantasma
El punto más caliente de la nueva normativa radica en la ampliación de los sectores catalogados como áreas industriales y semiindustriales, ensanchando los límites fabriles sobre tejidos urbanos donde predominan las viviendas familiares. Familias de zonas residenciales consolidadas, como el tradicional barrio Parque Quirno, pusieron el grito en el cielo ante el temor de que se destruya la convivencia barrial por ruidos y contaminación.
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El eje de las miradas se posó sobre el caso testigo de la firma petroquímica Sualier S.A., que opera rodeada de casas particulares. La manipulación de sustancias químicas y el tránsito pesado de camiones en calles internas mantienen en alerta a la comunidad. Una vecina del complejo habitacional graficó el panorama con una frase dramática: «Es un polvorín en nuestro barrio».
Frente a este escenario, las asambleas exigen que la provincia de Buenos Aires active controles ambientales de mayor complejidad, argumentando que los mecanismos de supervisión municipales actuales resultan insuficientes para este tipo de categorías fabriles.
La otra cara de la polémica toca de lleno al negocio inmobiliario. El reordenamiento del COU habilita construcciones de mayor escala y altura en distintas zonas de Hurlingham. Los críticos de la medida sostienen que incrementar de golpe la densidad urbana profundizará las históricas deficiencias que padece el distrito en materia de servicios esenciales como las redes de agua corriente, tendidos de gas y cloacas.
El debate habitacional también expone una marcada brecha generacional sobre el acceso a la vivienda. Una estudiante universitaria de la zona analizó el fenómeno de las construcciones en altura desde una perspectiva social.
«Los edificios nuevos no son para nosotras, las nuevas generaciones, no podemos pagar ni un ambiente porque no tenemos trabajo digno. Estos edificios son para especulación inmobiliaria, son negociados para unos pocos y, además, son construcciones sin cloacas ni servicios básicos, por lo que saturan el sistema que ya viene funcionando bastante mal», afirmó a La Noticia Web.
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Mientras las reuniones vecinales se multiplican en las plazas de los barrios para trazar estrategias legales, la grieta local quedó expuesta. Desde el oficialismo defienden a rajatabla que la medida es indispensable para generar empleo genuino y reactivar la economía local. Del otro lado, la comunidad organizada insiste en que se priorizaron los negocios corporativos por encima de la calidad de vida de los vecinos. La moneda está en el aire y la discusión sobre qué modelo de ciudad quieren los hurlinghenses promete ser larga.