El referente yerbatero Ángel Ozeñuk expuso la difícil situación que atraviesan los productores de Misiones y defendió la vigencia de la ley que dio origen al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), al considerar que «sus herramientas de regulación fueron fundamentales para sostener la actividad».
Durante su intervención, subrayó que una ley sancionada por el Congreso «debe cumplirse» y sostuvo que cualquier modificación debería realizarse mediante una «norma de jerarquía superior y no a través de mecanismos que debilitan las funciones del organismo».
En respuesta a quienes aseguran que el sector no atraviesa una crisis, Ozeñuk afirmó que la eliminación de facultades del INYM para controlar bocas de acopio, combatir la comercialización informal y establecer mecanismos de referencia para los precios. Como medidas favorecieron una fuerte pérdida de ingresos para los productores.
Para ejemplificar el deterioro económico, comparó la relación entre el precio de la hoja verde y el combustible. Recordó que en abril de 2023 la hoja verde puesta en secadero se pagaba alrededor de 400 pesos por kilo y que, en ese momento, un productor necesitaba aproximadamente dos kilos de yerba para adquirir un litro de gasoil. Actualmente, afirmó, son necesarios más de 11 kilos de hoja verde para cubrir el mismo gasto.
“¿Cómo quieren que sobreviva un productor en la chacra, la familia yerbatera o los empleados rurales con un precio tan bajo?”, planteó, al tiempo que señaló que muchas de las grandes empresas del sector crecieron gracias al esfuerzo de los pequeños productores.
El dirigente también denunció una creciente concentración del mercado yerbatero en manos de las marcas líderes, situación que atribuyó a la desregulación impulsada por el DNU nacional. En ese sentido, alertó que, de mantenerse el escenario actual, podrían «desaparecer pequeños productores, cooperativas y molinos regionales que hoy aportan diversidad y competencia al mercado«.
Transcurren alrededor de cinco años de inversión y trabajo antes de que una plantación genere ingresos, lo que vuelve aún más crítica la falta de rentabilidad para quienes producen la materia prima
Asimismo, explicó el extenso proceso productivo de la yerba mate, desde la germinación de la semilla hasta la primera cosecha comercial. Según detalló, transcurren alrededor de cinco años de inversión y trabajo antes de que una plantación genere ingresos, lo que vuelve aún más crítica la falta de rentabilidad para quienes producen la materia prima.
Ozeñuk también reivindicó varios artículos de la ley del INYM que establecen herramientas para ordenar la actividad, entre ellas la fijación de calendarios de cosecha, la limitación temporal de nuevas plantaciones en contextos de sobreoferta y la aplicación de cupos de cosecha.
Sobre este último punto, sostuvo que frente a una eventual superproducción la solución no debería ser reducir los precios pagados al productor, sino implementar mecanismos de cupificación que permitan equilibrar la oferta sin afectar los ingresos del sector primario. También advirtió, sobre el riesgo de desaparición de productores, cooperativas y molinos pequeños si no se implementan medidas de regulación y control.
Finalmente, pidió a legisladores de todos los espacios políticos actuar con responsabilidad y priorizar la situación social y económica de las familias vinculadas a la producción yerbatera. “No se trata de una cuestión partidaria, sino de defender una actividad que genera empleo y sustento para miles de familias en Misiones”, concluyó