La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para informar las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial en el marco de la investigación contra Lidia Mabel Ojeda, detenida por ejercer ilegalmente la medicina en distintos centros sanitarios del Chaco.
Durante el encuentro con los medios, la funcionaria aseguró que el Gobierno actuó con “transparencia” desde el inicio del caso y sostuvo que no permitirán “que se desinforme a la sociedad ni que se utilice la información con fines políticos”.
Meiriño explicó que la investigación comenzó el pasado 15 de abril, alrededor de las 9.05, cuando el director del hospital de Quitilipi informó a la Subsecretaría de Redes de Salud sobre presuntas irregularidades relacionadas con una persona identificada como Abel Ojeda, quien realizaba guardias médicas utilizando la matrícula profesional N° 6822.
Tras las primeras averiguaciones, según indicó, se constató que la persona denunciada no mantenía relación laboral formal con el Ministerio de Salud y que la matrícula utilizada pertenecía a otro profesional médico.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud realizó de manera inmediata una denuncia ante la Mesa Única de Ingreso del Poder Judicial para avanzar con la investigación penal correspondiente.
Además, ese mismo día se radicó una denuncia policial en Quitilipi por “Supuesta Usurpación de Títulos y Honores”, causa que quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Paralelamente, desde la cartera sanitaria se inició una investigación administrativa interna mediante una información sumaria para determinar posibles responsabilidades dentro del sistema sanitario.
En ese contexto, Meiriño informó que fueron separados preventivamente de sus cargos el director de zona y el director del hospital de Quitilipi “a fin de garantizar una investigación imparcial y objetiva”.
Posteriormente, el fiscal interviniente dispuso allanamientos y la captura nacional de Ojeda. La acusada fue localizada el 27 de abril en la provincia de Buenos Aires y finalmente extraditada al Chaco el pasado 8 de mayo.
“Hace horas, en el día de hoy, nos hemos constituido como querellantes en la causa”, confirmó la funcionaria, quien remarcó que el Ejecutivo provincial activó “todos los resortes necesarios con la única finalidad de llegar a la verdad real”.
La conferencia estuvo acompañada por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico.

