La historia de FATE ahora ya tiene un punto final oficial. La fabricante de neumáticos envió los últimos telegramas a los trabajadores que resistían el cierre en San Fernando y ya abonó el total de las indemnizaciones. Así terminó un complicado proceso, que incluyó ocupación de planta, audiencias oficiales, expedientes judiciales y una disputa política que trascendió a la compañía.
Su caída es un caso testigo de una crisis estructural que combina pérdida de competitividad, costos internos en aumento, cambios tecnológicos y la transformación global del mercado del neumático.
Según ejecutivos de la empresa, el enfrentarse a “la realidad de tener costos mucho más altos que los precios de los neumáticos provenientes de China”, desencadenó en no poder sostener “las pérdidas económicas acumuladas, ni las que vendrían”.
La mayoría de los trabajadores –casi 800– aceptó acuerdos voluntarios de desvinculación, mientras que el resto fue notificado en la última etapa.
La decisión del Gobierno de no salvar a FATE
Hay que recordar que el gobierno de Javier Milei optó por no intervenir para sostener la operación industrial, no establecer barreras comerciales para proteger la producción local, ni instrumentar mecanismos de auxilio estatal que, en otros ciclos, se habrían activado de manera casi automática.
En la Casa Rosada consideraron que el caso FATE no era una excepción, sino una prueba para el nuevo esquema económico. La postura oficial había quedado clara cuando Milei cuestionó en Nueva York a empresarios que reclamaban protección frente a la apertura de importaciones.
“Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de… bueno, pongan ustedes el título. Están reclamando cazar en el zoológico”, dijo.
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El ingreso de neumáticos importados, especialmente de China, alteró la ecuación del negocio. Por volumen, financiamiento, productividad y escala, los fabricantes asiáticos fijaron precios imposibles de igualar para una planta local con estructura pesada, litigiosidad laboral y distorsiones macroeconómicas acumuladas. En ese contexto, la empresa sostuvo que la actividad había dejado de ser sustentable bajo las nuevas reglas del mercado.
La compañía también señaló al conflicto sindical como factor agravante. Para los ejecutivos de FATE, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, liderado por Alejandro Crespo, terminó de algún modo por “conspirar contra todo atisbo de progreso y sentido común”.
El SUTNA, organización identificada con la izquierda trotskista, representa actualmente a cerca de mil trabajadores del sector y ha protagonizado algunos de los conflictos laborales más duros de los últimos años.
La pelea entre el gremio y la empresa
La relación entre FATE y el sindicato se encontraba deteriorada desde hacía tiempo. El sector del neumático sufrió paros, bloqueos y negociaciones tensas que afectaron el abastecimiento y la producción.
Para la dirigencia gremial, esas medidas fueron respuestas legítimas ante intentos patronales de ajustar salarios y condiciones laborales. Para las empresas, en cambio, representaron costos crecientes en una industria cada vez más presionada.
En la etapa final, la disputa se intensificó. La empresa aseguró que ofreció indemnizaciones al 100%, incluso bajo la ley laboral anterior, más onerosa. FATE buscó instalar que propuso una salida económicamente favorable para los empleados y acusó al sindicato de haber radicalizado el conflicto por razones políticas.
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Además, dijo que se generaron expectativas infundadas entre los operarios: “Instalaron en la gente la ficción de volver a producir, de reabrir una planta que no puede vender sus productos”.
El grupo remanente, integrado principalmente por delegados sindicales, continuó reclamando la reapertura, pero finalmente recibió los últimos telegramas y el proceso quedó limitado a la discusión judicial sobre la validez de los despidos y eventuales indemnizaciones adicionales.
Un conflicto largo y con varios capítulos
En el tramo final del conflicto, se sucedieron conciliaciones obligatorias de Nación y de la provincia de Buenos Aires, expedientes ante la Justicia laboral, planteos en el fuero penal, pedidos de desalojo, embargos e incluso iniciativas legislativas para estatizar la compañía o aumentar los aranceles de importación.
El caso puso en evidencia el nuevo vínculo del Gobierno con el sindicalismo combativo. A diferencia de administraciones anteriores, que intervenían para preservar puestos de trabajo o forzar acuerdos, la gestión Milei mantuvo una distancia marcada.
La lógica oficial se alineó con el ideario libertario: si una empresa no puede competir, el Estado no debe transferirle recursos ni bloquear artificialmente importaciones para mantenerla. En el medio, claro, están los trabajadores, quienes ahora quedaron en la calle.