La investigación originada en Santiago del Estero que derivó en una shockeante noticia ocurrida dentro de la Clínica Santa María, situada en la calle Enrique Marengo 3908, en la localidad de Villa Ballester, en el partido de San Martín, sumó un nuevo capítulo.
El centro de salud se encuentra hoy en el centro de una tormenta judicial y mediática sin precedentes. Luego de que un operativo policial descubriera ocho fetos descartados en bolsas de residuos, la dirección del establecimiento emitió un descargo categórico para deslindar responsabilidades sobre el equipo médico que trató a la niña de 12 años trasladada desde Santiago del Estero.
En un comunicado oficial, la institución aclaró que su rol fue meramente logístico: «Nos vemos en la obligación de brindar la presente comunicación aclaratoria. En primer lugar, corresponde informar que la Fundación Cígesar, presidida por el doctor Damián Levy, contrató a nuestra clínica exclusivamente la infraestructura necesaria para la atención de sus pacientes, desarrollando dicha atención con su propio equipo médico y paramédico», explicaron desde el centro de salud.
Por su parte, Levy aclaró: «Me siento consternado e impactado por la situación, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente. Acompañando a la madre y a la niña en esta situación, haciéndolo con la calidad y el respeto que se necesita».
Villa Ballester: los fetos hallados en la Clínica Santa María
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la posibilidad de una red de sustracción de menores, dado que la víctima cursaba un embarazo avanzado de ocho meses. Al respecto, la clínica fue tajante al desmentir que allí se realicen partos: «Frente a las temerarias afirmaciones referidas a un supuesto tráfico de recién nacidos, corresponde aclarar en forma categórica que la clínica Santa María no cuenta con servicio de obstetricia, ni realiza prácticas, procedimientos o prestaciones vinculadas con dicha especialidad».
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A pesar del macabro hallazgo en el sector de residuos, la institución se apoya en una inspección reciente para validar su funcionamiento. El documento detalla que, tras el allanamiento del lunes, el Ministerio de Salud provincial emitió un reporte favorable: «La institución cumple con las normas vigentes y que todo lo que aquí se efectúa se hace dentro de la ley, y que la causa vinculada a la paciente mencionada se encuentra debidamente judicializada en su provincia de origen», rezaba el texto recibido por la administración.
La ONG que trasladó a la menor y a su madre -una mujer que no sabe leer ni escribir- también dio la cara mediante un escrito. Confirmaron que mantienen un convenio con la clínica mediante el cual “se alquilan las instalaciones para la realización de prácticas que requieren quirófano o internación».
Sobre la interrupción del embarazo y la preservación de los restos, la fundación argumentó que se actuó bajo protocolos judiciales: «En este caso, intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica», señalaron.
Además, denunciaron que la exposición del caso vulneró la privacidad de la víctima: «De manera irregular se filtró información a medios de comunicación en vulneración de la confidencialidad, la privacidad de la paciente y la reserva que rige este tipo de procesos. Esta filtración ha dado lugar a interpretaciones erróneas y a la circulación de información inexacta sobre lo ocurrido», sentenciaron.
El caso ha provocado una fragmentación de la competencia judicial debido a la complejidad de los delitos investigados:
- Justicia Federal de Tres de Febrero: Investiga si la ONG incurrió en delitos de trata o si entorpeció el accionar de la justicia al sacar a la menor de su provincia.
- Justicia Provincial de San Martín: Analiza el hallazgo de los ocho fetos (dos de ellos desmembrados) y la legalidad de los procedimientos médicos.
- Justicia de Santiago del Estero: Sigue la causa madre por el abuso sexual de la niña. El fiscal Bridoux confirmó que hay órdenes de captura para dos sospechosos, uno de ellos familiar de la víctima, quienes se encuentran prófugos tras ser identificados en una Cámara Gesell hace tres meses.
Mientras los peritos forenses trabajan para determinar cuál de los ocho restos biológicos corresponde al embarazo de la menor, se supo que la niña ya fue trasladada nuevamente a su provincia natal.
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La preocupación ahora radica en el entorno de extrema vulnerabilidad al que regresa, mientras la justicia busca determinar si la Clínica Santa María y la Fundación Cígesar actuaron dentro de un protocolo de interrupción legal o si formaban parte de un engranaje mucho más oscuro en el sistema de salud privado de Villa Ballester.