El abogado Bruno Romero, representante de los dos hombres detenidos por la desaparición de María Luz Herrera -la joven jujeña vista por última vez en Presidencia Roque Sáenz Peña a fines de septiembre de 2023- cuestionó duramente el avance de la causa y defendió su pedido de nulidad de la imputación ampliada. El letrado habló tras la audiencia de oposición realizada este jueves en el
Juzgado de Garantías.
Romero explicó que su planteo se debe a un «cambio sustancial» en la teoría del caso, «toda la investigación se construyó sobre un supuesto hecho ocurrido el 29 y 30 de septiembre de 2023. Todas las pruebas se hicieron con esa fecha. Sin embargo, en el tramo final el fiscal afirma que el hecho ocurrió el 1 de octubre. Estuvimos más de un año trabajando sobre un hecho que después no fue», sostuvo.
A esto se suma, según indicó, que en la acusación se ubica en los mismos hechos tanto a Darío Ezequiel Godoy Florentín como a su padre, pese a que -de acuerdo con la defensa- este último «no estuvo en Sáenz Peña desde el 26 de septiembre al 5 de octubre de 2023».
«Hay pruebas de que María Luz estuvo con vida después del 1 de octubre»
Romero también afirmó que existen elementos en el expediente que indicarían que la joven continuo viva incluso después de la detención de los imputados. «La sociedad tiene que saber que hay pruebas que determinan que después del 1 de octubre María Luz dio señales de vida. Su Instagram se activó el 16, el 11, el 13 y el 10 de noviembre de 2023», señaló.
El abogado menciono además un informe policial realizado en Jujuy y testimonios que aseguran haber visto a la joven en inmediaciones del puente Coca-Cola y en una plaza de la zona. Según dijo, incluso la madre habría manifestado en el expediente que le informaron que la vieron con vida.
Asimismo, mencionó un informe de AFIP por movimientos en una cuenta a nombre de la joven correspondientes a 2025 y 2026, «son datos que están en la investigación y que la fiscalía no explica», afirmó.
Críticas al manejo de la causa: «Cansa la justicia»
El defensor volvió a cuestionar el rumbo de la investigación y aseguró que existe presión institucional para dar una respuesta social: «No es presión social, es presión de la Procuración hacia abajo. Y esto cansa. Nos tienen con las manos atadas para no conceder la libertad. La fiscalía debe acusar cuando hay pruebas y absolver cuando no las tiene», expresó.
Romero también puso en duda los elementos que la fiscalía mantiene como indicios principales: un celular y un gato hallados en un domicilio vinculado a los imputados.
Indicó que el gato «era de la zona» y que los testimonios lo corroboran, mientras que sobre el teléfono sostuvo que podría haber sido descartado por la joven o dejado en el lugar, «pero tienen que encontrar el cuerpo, la forma en que supuestamente la mataron o algún motivo. Nada de eso aparece en la causa», remarcó.
A la espera de la resolución del juez
Tras la audiencia, el expediente quedó a resolución del Juzgado de Garantías, que
deberá definir si hace lugar o no al pedido de nulidad. «Si se declara la nulidad, habrá
que ver cuantos actos hacia atrás también quedan sin efecto. Y si la imputación es
nula, también lo sería el requerimiento de elevación a juicio», explicó Romero. De no
prosperar el planteo, la causa avanzaría hacia un juicio por jurados durante el
próximo año.
Fuente: diariochaco.com