El Gobierno de Perú decidió extender por 30 días el estado de emergencia, que rige desde octubre en la capital Lima y en la provincia del Callao, con el objetivo de combatir la criminalidad y la violencia interna.
Así lo publicó le gestión de José Jerí a través de un Decreto Supremo, con vigencia desde el 21 de noviembre, dándole por un mes más el control absoluto del orden interno a la Policía Nacional del Perú junto a las Fuerzas Armadas.
Este régimen de excepción contempla, entre otras medidas, la restricción o suspensión de los derechos vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito o reunión y seguridad personal, acorde a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución peruana.
Dicha prórroga, además, le da la potestad a la Policía de determinar zonas de intervención en función de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos técnicos empleados para enfrentar delitos de alto impacto, según informó el medio oficial El Peruano.
Dentro de este régimen, actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán solicitar autorización previa de las autoridades competentes, conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, mientras que los eventos no masivos podrán realizarse sin permiso previo.
La actuación conjunta de la Policía y de las Fuerzas Armadas deberá observar lo dispuesto en el protocolo de articulación para intervenciones policiales, en contextos de detención y retención de personas en condición de vulnerabilidad.
La Comandancia General de la PNP recomendó extender el “estado de emergencia” debido a la persistente perturbación del orden interno, asociada al incremento de delitos como homicidio, sicariato, extorsión y otras modalidades de violencia en las jurisdicciones mencionadas.
