Tras torcerle un veto al Gobierno, el Senado le dío este jueves por la tarde media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes por votos 56 afirmativos, ocho negativos y dos abstenciones.
La iniciativa opositora, que fue respaldada en el recinto por la totalidad del kirchnerismo, parte de la UCR, PRO y provinciales, busca arrinconar al gobierno de Javier Milei y morigerar la utilización de la herramienta que le sirve al Poder Ejecutivo para saltear al Congreso.
Además de la totalidad de la bancada libertaria, los senadores que optaron por el rechazo al proyecto fueron Carmen Álvarez Rivero, del PRO, y Francisco Paoltroni. Contribuyeron con ausencias, como gesto al oficialismo, los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, Víctor Zimmermann, Carolina Losada y el cordobés del PRO Luis Juez.
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El dictamen aprobado considera que para la aprobación de los DNU se necesitará la mayoría absoluta de ambas cámaras en el marco de un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial. También establece que cada cámara deberá comunicarlo a la otra dentro del plazo de 48 horas hábiles de producido.
Además fija que estos decretos deben tratar una única materia y que solo puedan tratarse durante el período de receso parlamentario; otro punto del dictamen dice que con el rechazo de una cámara alcanza para desactivar un DNU y el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año.
Un ejemplo reciente es el DNU 70/23, ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y dictado en diciembre 2023 por el jefe de Estado. Ese amplio decreto desregulatorio fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado pero desde entonces quedó demorado en Diputados.
Con la nueva legislación también quedarán resguardados los derechos adquiridos de los afectados por esos decretos, con el fin de evitar lo sucedido con las medidas que buscaban la modificación de la estructura del INTI, INTA o la que disponía la disolución de Vialidad Nacional.