La Justicia de Paraguay ordenó este sábado la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, luego de formalizar su imputación en el marco de la investigación penal por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank, entidad de la que había sido accionista. La decisión fue adoptada por el juez penal de garantías Humberto Otazú, tras una audiencia de imposición de medidas cautelares realizada en el Palacio de Justicia. El exmandatario deberá permanecer detenido en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial mientras continúa la etapa preparatoria de la causa.
Peña enfrenta un proceso penal en la causa caratulada N.º 92/2026. Según la imputación presentada por el Ministerio Público, está señalado como presunto instigador del delito de lesión de confianza y como supuesto autor del hecho punible de administración en provecho propio.
Durante la audiencia, el magistrado Otazú analizó los argumentos y los elementos presentados por la Fiscalía y resolvió disponer la prisión preventiva del exmandatario en una unidad militar destinada a la custodia presidencial.
La medida se conoció después de que Peña se presentara en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde declaró ante los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos que llevan adelante la investigación.
La causa judicial también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), quien fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
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Ambos exfuncionarios quedaron bajo investigación por las presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento de Ueno Bank y las operaciones financieras realizadas por la entidad.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de organismos públicos y entidades previsionales. Paralelamente, habría concretado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su propio grupo económico que presentarían presuntas irregularidades.
Los investigadores buscan determinar si esas operaciones ocasionaron perjuicios económicos y establecer qué responsabilidades tuvieron los exfuncionarios en las decisiones y movimientos financieros cuestionados.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa preparatoria, con nuevas diligencias destinadas a reunir pruebas y esclarecer las circunstancias que rodearon el funcionamiento y posterior cierre de la entidad bancaria.