El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó este martes una resolución por medio de la cual dispone como medida cautelar “interna” la “suspensión de los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/25” firmado por el presidente, Javier Milei, que promovía la conversión en sociedad anónima para su privatización del Banco de la Nación Argentina (BNA). Además, la medida cautelar otorgada por el magistrado ordena “al Estado nacional y al BNA que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”.
La medida cautelar había sido solicitada el año pasado por una particular ante el posible intento de privatización de la entidad financiera estatal, número 1 del sistema bancario en depósitos y créditos, y la de mayor presencia territorial de todo el país.
El punto 2 de la resolución firmada por Ramos Padilla, requiere “a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025”.
Es decir, en qué radica la necesidad o la urgencia para convertir por decreto a una entidad estatal en sociedad anónima. El BNA, recuerda el juez en los considerandos de su resolución conocida este martes, quedó expresamente excluidos de las empresas públicas a privatizar cuando el Congreso aprobó, a mediados del año pasado, la denominada Ley Bases.
“El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”, argumentó el juez en los fundamentos del fallo.
También señala en otro párrafo que “si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en sociedad anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados; circunstancia que si bien deberá ser analizada en el contexto adecuado, escuchando previamente a las partes y respetando los principios del debido proceso y defensa en juicio; imponen ahora el dictado de la medida cautelar”.
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Ramos Padilla sostuvo, además, que “en cuanto al peligro en la demora en vista de las constancias obrantes en la causa (…) estimo que en el caso se encuentra acreditado y también se configuren las «circunstancias graves y objetivamente impostergables» requeridas por las normas transcriptas para justificar este tipo de medidas, ello así teniendo en cuenta que el Decreto 116/2025 ya está en plena vigencia según lo establecido en su artículo 14 y sus efectos pueden resultar irreversibles en caso de que se permita una modificación estructural del Banco de la Nación Argentina, circunstancia que objetivamente sólo puede impedirse al día de la fecha disponiendo una medida interina”.
Rechazo sindical
El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado de Unión por la Patria (UxP), Sergio Palazzo, firmó un comunicado que expresó el “absoluto rechazo” al decreto que convierte al Banco Nación en sociedad anónima.
El gremio calificó al presidente Javier Milei como “estafador” y sostiene que “es contradictorio vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa”.
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Dentro del comunicado además detalla que, “el Banco Nación posee los mejores números en cuanto a la rentabilidad del sistema financiero, concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como individuos, es el banco más grande del país. Esos números han sido logrados siendo un banco público y estatal, sin desatender su función social para la cual fue creado, sosteniendo a lo largo de su rica historia el desarrollo de la industria, el campo y las pymes y a los ciudadanos y ciudadanas en general”.
Además, recordó que en abril del año pasado se recolectaron más de un millón de firmas en contra de su privatización que fueron entregadas al Congreso de la Nación, al mismo tiempo en el que se realizaron movilizaciones, asambleas y abrazos simbólicos.