El Gobierno incluyó en el Presupuesto 2025 una desafiante meta que apunta a que los usuarios medios y bajos de los servicios de luz y gas cubran el 85% del costo de producción. Esta medida supone una profundización del cambio en la política de subvención a la energía, según la cual actualmente los consumidores aportan cerca del 60% de esa erogación total.
El ajuste que busca implementar el Ejecutivo implica reducir un 47% los subsidios energéticos, lo que equivale a una disminución de más de 3.600 millones de dólares en los costos asumidos por el Estado. Pero se traduce en que dichos gastos impactarán directamente en los bolsillos de gran parte de la población.
Para esto, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron el Decreto 465/2024 en el que establecieron un período de seis meses para la transición hacia el nuevo esquema de subsidios. En este lapso, el Gobierno pretende avanzar con la implementación de su «eficiente» Canasta Básica Energética (CBE), para lograr un consumo mínimo subsidiado.
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Con esto en mente, la gestión libertaria entiende que es fundamental disminuir el peso de los subsidios al sector en las cuentas públicas para asegurar la sostenibilidad del esquema y, al mismo tiempo, destinar los recursos a quienes más los necesitan.
Sin embargo, los expertos advierten que alcanzar el objetivo del 85% dependerá de la capacidad del sistema energético para ser más eficiente y bajar costos, sobre todo, en lo que compete a la importación del gas.
El objetivo de Caputo es llegar al 2026 con subsidios cero en lo que respecta a las tarifas de energía, o lo más cercano posible a ello. La base de la estrategia oficial es la modificación del mecanismo de segmentación de usuarios que comenzó a regir desde 2022.
Actualmente, los consumidores están divididos en tres niveles: N1, se trata de los sectores de altos ingresos, que deben pagar el 100% del costo energético; N3, aquellas personas de poder adquisitivo medio, que aún reciben subsidios, pero con un bloque de consumo subvencionado más acotado; y N2, quienes perciben salarios bajos y, por lo tanto, reciben mayor asistencia estatal. Con todo, las nuevas disposiciones prevén que también este último grupo se verá afectado por las restricciones al consumo subsidiado.
Hoy en día, las facturas que llegan a los hogares están compuestas por cuatro tópicos: energía, transporte, distribución e impuestos. Sobre el primero de ellos es que el Estado cubre la mayor diferencia entre lo que pagan los individuos y el «precio real» que tienen la luz y el gas.