El diputado nacional, Eduardo Toniolli, criticó al gobierno del presidente Javier Milei, porque «acaba de reestablecer el vergonzoso acuerdo Foradori-Duncan de 2016, que buscaba consolidar la usurpación británica en Malvinas».
Según el congresista, en los hechos, estamos ante la «reedición de aquel nefasto pacto -que el ex vicecanciller de Macri firmó estando borracho- que le permitirá al usurpador inglés en las islas, ampliar la explotación pesquera, iniciar tareas de extracción petrolera y restablecer los vuelos desde San Pablo.
«Mientras, el Reino Unido de Gran Bretaña continúa militarizando y saqueando nuestro Atlántico Sur, el presidente de la Nación evitó hacer referencia a la causa Malvinas en su exposición en la Asamblea General de la ONU».
Eduardo Toniolli
Pero la cosa no quedó allí, el parlamentario, indicó que desde la administración Milei, «se instruyó a su canciller Mondino para que rubrique este acuerdo».
El legislador santafecino, adelantó que desde su bloque van a «ingresar un proyecto de citación a la canciller Diana Mondino, para que rinda cuentas sobre este hecho, que no dudamos en calificar como una nueva capitulación».
Para Toniolli estamos ante un gobierno, que» viene relativizando permanentemente la manda constitucional que establece que el reclamo por Malvinas es para los argentinos una causa nacional irrenunciable».
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El tema no es menor, y tiene el antecedente de tratarse de uno de los hechos más graves, que en materia internacional protagonizó Mauricio Macri, quien en 2016 acordó con el Gobierno de Gran Bretaña una serie de condiciones -en lo que se conoce como acuerdo Foradori -Duncan- que ponía en grave riesgo la reivindicación de soberanía de Argentina sobre Malvinas y comprometió acciones de parte del gobierno argentino para habilitar la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros.
En aquella oportunidad el Canciller Faurie, tenía la obligación de cumplir con la Constitución Nacional, él ejecutó un acuerdo que no estaba aprobado por el Congreso. De esa manera, incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por desconocer la Carta Magna.