Efectivos de la Policía Bonaerense allanaron una fundición de aluminio ubicada en la localidad de 9 de Abril, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, ante la sospecha de que el establecimiento robó dos millones de metros cúbicos de gas en los últimos dos años a través de al menos dos conexiones clandestinas a la red.
El allanamiento fue realizado en las últimas horas a requerimiento de la Justicia y del mismo participó personal de las direcciones de las direcciones de Operaciones y de Fiscalización de la empresa Metrogas.
También colaboraron en el procedimiento operarios de otras dos empresas dedicadas a obras de infraestructura de servicios públicos y privados. Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que dos personas vinculadas a la firma fueron notificadas del inicio de una causa en su contra.
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En la recorrida por el predio que pertenece al Grupo Tolosa, con sede en la calle Grecia 7819, se observó la presencia de seis tubos con el cual las autoridades de la fundición decían abastecerse para la producción.
Sin embargo, los expertos de la empresa realizaron excavaciones y hallaron dos conexiones clandestinas que estaban debajo de una garita de seguridad, en la vía pública, a unos 80 centímetros de profundidad, cubiertas con hormigón y un doble mallado de hierro, para evitar ser descubiertas.
Enseguida, los técnicos de Operaciones de Metrogas realizaron un by pass sobre la red para poder pasar una cámara y verificar que no existan otras conexiones clandestinas en el predio.
Según indicaron fuentes de Metrogas, «las estimaciones indican que mediante esas dos conexiones clandestinas se lograban robar 72.000 metros cúbicos por mes, y si se tiene en cuenta que la fundición trabajaba en estas condiciones desde hacía dos años, el total de lo robado superaría los dos millones de metros cúbicos».
En el caso de Metrogas, el cargo variable para todas las categorías de consumo es de $176,45 por m3. Así, a grosso modo, la estafa, de confirmarse, ascendería a no menos de $ 354.000.000.
En el primer semestre del año, en toda la zona de distribución de la empresa (que abarca toda la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del sur del conurbano) se detectaron casi 600 conexiones clandestinas y 1200 medidores adulterados, con un perjuicio de más de 9 millones de metros cúbicos robados.
La distribuidora advirtió que «el principal riesgo de una conexión clandestina es la explosión que puede generarse a partir de un escape de gas natural a la atmósfera. Otros riesgos pueden ser un incendio o una intoxicación por monóxido de carbono, además de los daños a personas y/o materiales por efecto de una explosión o un incendio».
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Hace dos semanas, el Gobierno oficializó los aumentos en los servicios de gas y electricidad, que son del 4% promedio a partir de septiembre.
El objetivo es evitar que la devaluación mensual y la inflación erosionen las fuertes actualizaciones tarifarias realizadas de la primera parte del año, que permitieron bajar el gasto en subsidios. Con las subas aplicadas, los usuarios de altos ingresos (N1), industrias y comercios de todo el país, pagarán, en promedio, el 72% del costo del fluido y el 90,5% de la electricidad.
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En tanto, los hogares de ingresos medios (N3) pagarán el 32% del valor del gas y el 40% de la generación eléctrica, mientas que los usuarios de bajos ingresos (N2), el 26% y 25%, respectivamente. Los N3 y N2, a su vez, si superan la demanda de un bloque de consumo determinado, pagarán el costo de los N1 por el consumo excedente.
Durante la primavera, al bajar la demanda por las temperaturas más altas, el aumento promedio de 4% final de las boletas se verá compensado en los hogares con la caída en las cantidades consumidas.