Durante alrededor de un año, la inmobiliaria Malatini estuvo estafando a los vecinos de San Isidro. En ese plazo, y por medio de diversas estrategias, la firma que ya fue clausurada por el municipio se quedó al menos con seis millones de dólares, los cuales además está evitando devolver, según aseguraron las víctimas.
La inmobiliaria funcionó durante más de 30 años en la esquina de avenida Centenario y Posadas, en la localidad de Beccar. Beatriz Malatini es la dueña y trabaja junto a sus hijos, Alejandro y Diego Stark.
Desde hace algunos días, un grupo de vecinos hizo público un reclamo por presuntas estafas de la empresa, que según denunciaron se vienen llevando adelante desde hace, cuánto mínimo, un año.
San Isidro: así estafaba la inmobiliaria Malatini
De acuerdo al testimonio de los afectados, los modus operandi de la familia Malatini eran variados: a los clientes con los que tenían mayor confianza, por ejemplo. les solicitaban dinero para hacerles ganar intereses. Luego, no les devolvían ni el capital inicial ni las supuestas ganancias de la operación.
Por otro lado, hay propiedades que fueron reservadas a personas diferentes haciéndoles pagar una seña y nunca fueron entregadas a ninguno de los interesados. En el último tiempo, también se los acusa de quedarse con los alquileres que administraban o pagarlos de manera parcial a los propietarios.
Fabiana Spinelli es vecina de Beccar y una de las estafadas. Compró una propiedad en 120 mil dólares en 2019, le realizó arreglos y tuvo que intimar a la inmobiliaria para que le entreguen su escritura.
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«Tuve la enfermedad de una hija y me aboqué a eso. Después de más de un año, pandemia de por medio, voy a la municipalidad para habilitar y no estaba el final de obra ni los trámites de los servicios hechos. Desde la Dirección de Obras Particulares de San Isidro me dijeron que me habían estafado, que no podía disponer de la propiedad ni hacer ningún trámite. Pagué una propiedad 120 mil dólares y no puedo disponer de ella», detalló al medio Qué Pasa.
Además, aseguró que «hasta el momento son alrededor de treinta los denunciantes. El viernes declaré ante la fiscal y me explicó que está tomando tres declaraciones diarias a los afectados». Y destacó que «tanto la Justicia, como funcionarios del municipio y concejales nos están dando su apoyo».
Una empresa muy conocida en San Isidro
Spinelli también contó que «eran personas muy manipuladoras, se hacían los agradables, entonces lograban la confianza de los vecinos. Es una inmobiliaria que trabaja hace muchos años, todos somos cercanos. Fueron enamorando a la gente y la gente fue confiando, entendiendo que es Malatini y que Beccar está empapelado con sus carteles y desarrollos. Hay gente que la está pasando muy mal».
A las estafas hay que sumarle que Alejandro Stark estaría amenazando a las víctimas. Según el testimonio de la misma vecina, uno de los hijos de la dueña de la inmobiliaria «llama a la gente y las amenaza cuando se entera que nos estamos movilizando».
Más allá de eso, apuntó que se seguirán movilizando, como lo hicieron el viernes pasado frente a las puertas de las oficinas. Y ya solicitaron la prisión preventiva para Stark, quien por lo pronto tiene restricción para salir del país.
El jueves pasado, el local fue clausurado por la municipalidad de San Isidro. Además, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Partido ya había inhabilitado a la empresa a seguir funcionando días atrás.
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“Igualmente alguien cortó la faja de clausura de una de las puertas del costado. Eso es una violación a la Justicia, y ya dimos aviso al Colegio (de Martilleros) y la municipalidad. No sabemos por qué quieren acceder», expresó Spinelli.
Y remarcó que «no hay voluntad de devolver nada. Fui a hablar personalmente, pero siempre evaden respuestas, ´enferman´ a los familiares y otras artimañas. Desde que empezó todo esto, nunca nadie llamó diciendo ‘tengo la intención de arreglar algo’. A muchos damnificados los llaman prometiéndoles que les va a pagar, que van a cobrar un seguro, pero no tienen la mínima intención”.
Por último, hay que decir que desde el Concejo Deliberante, mediante un proyecto firmado por los concejales Federico Meca, Estefanía Rivadulla y Marcos Alcídez Díaz, se solicitó al Municipio que, además de la clausura, intime a la inmobiliaria a retirar «cualquier tipo de cartel publicitario» dentro del distrito, y a que se trabe un embargo en caso que tenga deudas de tasas municipales.