Hay tres elementos que juegan en la decisión de apartar a María Eugenia Iribarren de la conducción de la Fiscalía Regional de Rosario.
El primero es una conflictividad interna en el ámbito de la regional que nunca se apaciguó. La discordia interna entre fiscales que tuvo momentos escandalosos perduró hasta poner en cuestión la integridad de una institución que tiene una misión muy seria como para encajarse en puteríos interminables. Hubo según la auditoría 18 denuncias entre fiscales. Que continúan: la última denuncia de un fiscal a otro fue la semana pasada.
El segundo es que la fiscal Iribarren apareció, aunque no lo haya querido, cercana a la posición defensiva de Matías Edery, fiscal justamente denunciado por sus fiscales colegas Miguel Moreno y Pablo Socca, lo que derivó en un proceso disciplinario en la Legislatura y en una imputación penal por otras dos fiscales. Iribarren había comandado previamente la unidad de Edery y trabajó muy cerca suyo en los delitos de alta resonancia que le tocó investigar. Objetivamente eso la colocó próxima a él. Aunque ella sostiene que nunca tuvo favoritismos sus últimas declaraciones en favor de que el proceso en su contra fue precipitado, en una atmósfera de confrontación no desactivada, no la ayudaron.
El tercero es que por todo esto la política, entendidos actores diversos del Poder Ejecutivo y la Legislatura, tuvo con esto buenos motivos para pedir las medidas por las que presionaba hace tiempo. Con la regional Rosario bajo todos estos fuegos la fiscal general María Cecilia Vranicich no estaba políticamente fuerte como para resistir reclamos o siquiera insinuaciones que fueron públicas. La misma política que cuando se sintió bajo posibilidad de investigación puso en sus manos el régimen disciplinario de fiscales y defensores dio otro paso. Aprovechó la circunstancia de una imputación fuerte e inicialmente digna de inquietud. Al fiscal que le había tocado investigar a factores de poder primero lo sancionaron suspendiéndolo y rebajando su sueldo. Ahora la factura le llegó a Iribarren quien no pudo dominar la conflictividad desatada en su espacio institucional. A la misma Iribarren que señaló que la imputación contra Edery le parecía desmesurada. Algo que dijo a destiempo.
Pese a eso Vranicich luce convencida de que no tenía otro camino. No puede tener certezas de que las cosas empiecen a cambiar. Pero las cosas hasta ahora no habían cambiado.
Lo más concebible hoy es que pasados los seis meses Iribarren no regrese a su cargo. Quedó atrapada en un lugar donde le resultó muy difícil tomar distancia y eso mantuvo las discrepancias hacia ella en un número de fiscales. Ese argumento seguirá vigente dentro de medio año cuando se evalúe la continuidad en el cargo al que llegó por concurso y aval legislativo. También el hecho de que le reprochan incumplir la instrucción de Vranicich de sacarlo al fiscal Edery de su unidad.
Dentro de poco habrá una referencia para medir si el comentario de Iribarren en un trámite en curso, el de Edery, tuvo o no asidero. Y eso será cuando este fiscal quede sentado delante de un juez que deba valorar las pruebas de cargo en su contra y las pruebas de descargo que presente su defensa. Nadie sabe hoy qué ocurrirá en ese momento. Si como dijo Iribarren hubo imprudencia de los fiscales que acusaron o si queda en evidencia que tuvieron razón en hacer lo que hicieron. Edery manifestó que su mayor deseo es que lo escuche un juez. Las dos fiscales del caso van hacia ese momento.
En el medio, las discusiones sobre las discordias internas del MPA vuelven al centro de la agenda pública. En una ciudad en que fueron ejecutados a mansalva cuatro trabajadores elegidos al azar por una criminalidad atroz, en un ámbito donde una institución del Estado como el Servicio Público de Defensa denuncia la aplicación indiscriminada de tortura en dos pabellones de una prisión aledaña a Rosario.