Un total de 18 pliegos enviados por la administración de Alberto Fernández para ascender a fiscales, jueces y camaristas del Poder Judicial recibió este miércoles dictamen favorable tras una audiencia pública en el Senado, en la que hubo puntos de desacuerdo entre oficialismo y oposición respecto a una postulante.
Una de las primeras candidatas en exponer y que generó discrepancias fue María Laura Manín, propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial federal de CABA, cuestionada por miembros de la oposición por haberse encontrado en una lista complementaria y haber salteado a otros ternados.
Ante el cuestionamiento puntual esbozado por la vicepresidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri (JxC-CABA), el senador Oscar Parrilli, del oficialismo, defendió a la postulante al asegurar que «ya la están atacando y eso a veces puede ser un semáforo rojo o no, porque quienes la critican son los que defienden a los oligopolios».
«Existen intereses económicos muy poderosos y muy grandes y la realidad económica demuestra que no ha existido hasta ahora una efectiva defensa de la competencia sino que lo que ha ocurrido es una concentración cada vez más grande», advirtió el senador nacional por Neuquén.
La presidenta de la comisión de Acuerdos, la peronista Anabel Fernández Sagasti, también defendió a Manín, al sostener que «se han escrito ríos de tinta y claramente no se trata de los méritos (de la postulante) sino que es una interpretación respecto de las ternas».
«Es claro que el cuestionamiento es por una cuestión política por el lugar que va ocupar y los intereses que pueden verse afectados», dijo Sagasti.
En la lista de postulantes para ascensos aprobados propuestos por el Ejecutivo también estuvieron Lucas Colla, como fiscal ante el juzgado federal de primera instancia de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz; y Julio César Zárate, también como fiscal del juzgado federal de primera instancia de Río Gallegos.
Integraron la lista además Arlindo Otto Kurtz, como fiscal ante el juzgado federal de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de Posadas, Misiones; y Mariano Romero como defensor público en Santiago del Estero.
El Gobierno promovió además el ascenso de Tomás Puppio Zubiría, como defensor público en Dolores, provincia de Buenos Aires; de Carlos Guardia Mendonca, como camarista en sala especializada en defensa de la competencia de CABA; de Gabriel Rey, como camarista porteño; de Sebastián Rodrigo Ghersi, como juez en lo criminal y correccional de CABA; y de Ana Amaya, como jueza en lo comercial de CABA.
También de Juan Rodríguez Ponte, como juez federal de Lomas de Zamora; de Juan Stinco, como juez en lo contencioso administrativo federal; de Juan Fernández, como camarista de Bahía Blanca; de Marcela Somer, como jueza en lo civil de CABA; de María Stupenengo como jueza en lo civil y comercial de CABA; de Ana María Juan como jueza de Hurlingham.
Por último, figuran los ascensos de dos camaristas, Carlos Cuesta, para el tribunal en lo criminal 1 de La Plata, y de Jésica Sircovich, para el tribunal 2 de esa misma ciudad.