La Legislatura de Santa Fe avanzó con un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos. La Cámara de Diputados provincial dio media sanción a una iniciativa que prevé prohibir el ingreso de los deudores morosos a estadios de fútbol, casinos y otros espacios de apuestas, además de establecer restricciones para acceder a cargos públicos, beneficios tributarios y licencias de conducir.
La propuesta reúne iniciativas presentadas en distintos expedientes por las diputadas provinciales Amalia Granata, Natalia Armas Belavi, Celia Arena, Lionella Cattalini y Lucila De Ponti, junto con el diputado Juan Domingo Argañaraz, ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa establece la creación de un Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, una base de datos digital, única y actualizada que incluirá a quienes tengan una obligación alimentaria fijada por la Justicia y permitirá conocer su situación de cumplimiento.
El proyecto distingue entre la inscripción en el registro y las sanciones por incumplimiento. La inclusión de una persona obligada no implica, por sí sola, la aplicación de restricciones. Las consecuencias previstas se activarán cuando exista mora en el pago de la cuota alimentaria.
Mientras se mantenga la mora en el pago de la cuota alimentaria, las personas alcanzadas por el proyecto estarán sujetas a una serie de restricciones. Entre ellas, no podrán ingresar a estadios de fútbol de primera división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ni acceder a casinos, bingos o plataformas de apuestas.
Asimismo, la iniciativa establece que los deudores alimentarios no podrán ser designados funcionarios ni postularse a cargos electivos provinciales o municipales mientras persista el incumplimiento. A estas medidas se suman las restricciones para obtener o renovar la licencia de conducir, así como para acceder a beneficios tributarios o a planes de pago otorgados por la Provincia.
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Por otra parte, el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias podrá consultarse de manera pública y gratuita. De esta forma, se busca facilitar el acceso a la información sobre la situación de los deudores y reforzar los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La diputada Lucila De Ponti, una de las autoras de la iniciativa, defendió el proyecto y sostuvo que el incumplimiento de la obligación alimentaria afecta directamente los derechos de niños y adolescentes. En ese sentido, afirmó: «No pagar la cuota alimentaria es una forma de abandono».
Además, la legisladora remarcó que «el incumplimiento de la obligación alimentaria afecta directamente los derechos de los chicos y no puede ser gratuito».
En ese sentido, cuestionó que una persona destine dinero a actividades recreativas mientras mantiene una deuda por la manutención de sus hijos. «Si no se garantiza el alimento de los hijos no se puede gastar dinero en ir a la cancha, a un casino o jugar en una página de apuestas», afirmó.
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Además, planteó: «¿Cómo puede ser que alguien tenga plata para la apuesta o para la cancha y no para la cuota? Esto no es un castigo: es una herramienta para que los chicos cobren lo que les corresponde».
Para De Ponti, las prioridades deben estar claras y, cuando los adultos responsables no cumplen con sus obligaciones, el Estado debe intervenir para proteger el bienestar de los menores.
Cómo funcionará el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un sistema que concentre la información sobre las personas que tienen cuotas alimentarias fijadas judicialmente y permita identificar si están al día con sus obligaciones.
La propuesta busca facilitar el control del cumplimiento y establecer mecanismos para que las restricciones se apliquen mientras persista la mora. A su vez, la consulta pública y gratuita permitirá verificar si una persona figura en el registro, de acuerdo con las condiciones de acceso que establezca la normativa.
La iniciativa apunta a reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y a garantizar que los recursos destinados a la manutención de los hijos tengan prioridad frente a otros gastos.
Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá ser analizado por el Senado de Santa Fe. Si recibe la aprobación de la Cámara alta, podrá avanzar hacia su promulgación y posterior implementación.