La oposición no logró quorum en la Cámara de Diputados para abrir la sesión especial de este jueves, cuyo objetivo principal era rechazar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. En un escenario adverso que enfrentaban al estimar que solo cuentan con entre 120 y 123 legisladores en el recinto, cifra insuficiente para alcanzar las 129 voluntades necesarias para iniciar el debate.
En la previa de la sesión, la oposición sabía que las chances eras pocas llegar al número necesario para tratar tres temas fundamentales: endeudamiento familiar, reforma de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional de Discapacidad y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Para cuando Martín Menem anunció la caída de la sesión, faltaban ocho diputados para llegar al quórum.
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Contribuyeron el fallo de la Corte Suprema del viernes pasado, revirtiendo temporalmente lo resuelto antes por ese mismo tribunal sobre el artículo 154 del DNU 70 derogando la Ley de Tierras, como así también el dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que este miércoles reincorporó la Ley de Tierras Rurales que había querido derogar con el decreto publicado el 20 de diciembre de 2023.
Pasadas las 14.30, el tablero reflejó que solo había 121 diputados sentados en sus bancas (se necesitan 129 para abrir el debate). Las ausencias que terminaron de inclinar la balanza fueron los santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres; la salteña Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; el misionero Daniel Vancsik; el chubutense “Loma” Ávila, alineado con el gobernador Ignacio Torres; los tres diputados de Independencia, que responden directamente al gobernador Osvaldo Jaldo; y los jujeños Carlos Rizzotti y María Ines Zigarán, alfiles del mandatario Carlos Sadir. El caso de Zigarán es el más llamativo, dado que había firmado la convocatoria para la sesión pero finalmente se ausentó.
La convocatoria a la sesión se bajó en la última semana por tres factores concurrentes: el fallo de la Corte Suprema que reflotó la vigencia de la norma que limita la extranjerización (borrando con la mano lo que había firmado semanas atrás cuando le negó legitimidad procesal a ex combatientes de Malvinas), la voltereta del oficialismo que busca restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y la sesión confirmada para el 21 de octubre con un temario que interesa a la oposición dialoguista como discapacidad y endeudamiento.
Sin embargo, el principal problema político que enfrentó la oposición a la hora de sumar voluntades es que la derogación del DNU 70/23 también afectaría otros sectores de la economía que fueron desregulados.
Por ejemplo, entre otros puntos, el mega decreto derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial. Por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron desde el comienzo de la discusión que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal. Eso explica todos los esfuerzos realizados para sabotear el quórum de la sesión.