La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo recurso judicial para intentar frenar el decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad.
La medida llegó un día después de que la Corte Suprema rechazara los planteos de nulidad y dejara firme la actualización del monto que deberán afrontar los condenados, fijado en $684.990 millones.
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La ex presidenta interpuso un recurso de queja para impedir que avance la ejecución de la sentencia y el eventual remate de los bienes alcanzados por el fallo. El mismo camino tomó el empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa.
Con la decisión de la Corte, quedó firme la actualización del decomiso dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2. El monto original, cercano a $85.000 millones, fue recalculado y ahora supera los $684.000 millones, cifra que la Justicia considera el perjuicio económico ocasionado al Estado.
La discusión judicial ahora se centra en la etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían quedar alcanzados figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, además de hoteles y otros activos vinculados a las empresas de la familia que forman parte de los expedientes.
En paralelo, el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, pidió que Máximo y Florencia Kirchner queden fuera del proceso de decomiso. La defensa sostiene que no existen pruebas que vinculen los bienes de ambos con los hechos investigados en la causa.
La causa Vialidad es uno de los expedientes por corrupción más importantes de los últimos años en la Argentina. En diciembre de 2022, Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz. Esa sentencia fue confirmada por instancias superiores y quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.
Otro de los frentes abiertos del expediente involucra a la Unidad de Información Financiera (UIF), que solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados. El organismo sostiene que los activos vinculados a causas de lavado de dinero deben quedar bajo la supervisión de organismos especializados.
Aunque las nuevas presentaciones judiciales podrían extender los plazos, los recursos de queja no suspenden automáticamente la ejecución de la sentencia. Por ese motivo, la Justicia podría continuar con las tareas para identificar, tasar y avanzar sobre los bienes incluidos en el decomiso mientras resuelve los planteos pendientes.