El Estado argentino deberá comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder por la implementación de la reforma laboral impulsada a través de la Ley 27.802. La audiencia fue convocada luego de la presentación realizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que denunció que la normativa implica un retroceso en materia de derechos laborales y favorece a los sectores empresariales en detrimento de los trabajadores.
En uno de los párrafos de la presentación, el FreSU sostuvo: «La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y a los trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales». El planteo forma parte del segundo párrafo de la denuncia conjunta presentada el pasado 24 de abril.
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Asimismo, al detallar las políticas implementadas por el Gobierno nacional hasta alcanzar la sanción de la cuestionada reforma laboral, la presentación señaló: «El proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión. Junto a la saturación del debate público mediante la inclusión de iniciativas legislativas de largo aliento, las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten«.
Denunciaron, que estas prácticas continuaron profundizándose en Argentina. En ese sentido, mencionaron como ejemplos la multa superior a los 21 mil millones de pesos impuesta al sindicato ferroviario La Fraternidad y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
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Por otra parte, la denuncia suscripta por el FreSU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) sostiene que las represiones registradas durante las movilizaciones tuvieron «un ensañamiento especial respecto de los trabajadores de prensa y las personas mayores».
En ese marco, el documento agregó: «El caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2024, es el episodio más grave y emblemático de las estrategias represivas implementadas desde diciembre de 2023. Este patrón sostenido de violencia estatal vulnera derechos humanos, merma la calidad democrática e institucional y reduce el espacio cívico».
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De la audiencia, que se llevará a cabo durante el 196° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participarán representantes de las organizaciones que impulsaron la denuncia contra el Estado argentino.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reúne a más de un centenar de asociaciones gremiales, entre las que se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Aceiteros), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicato de Trabajadores Viales y la Federación Nacional de Docentes Universitarios, entre otras organizaciones sindicales.