El fiscal de investigación penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Marcelo Soto, citó al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Sáenz Peña, Diego Landriscina, a prestar declaración como imputado en la causa que investiga a la gestión del intendente Bruno Cipolini por presuntos delitos cometidos en la inversión de fondos municipales en instrumentos financieros de alto riesgo a través de la Bolsa de Comercio del Chaco. La convocatoria al funcionario municipal es para el próximo martes 12 de mayo, a las 8:30.
Es en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia del diputado provincial del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons, en la que se pidió investigar a la gestión Cipolini por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de un escándalo financiero que habría implicado una pérdida de fondos municipales superiores a los 1500 millones de pesos.
Según la denuncia, a través de la Bolsa de Comercio del Chaco el Municipio habría destinado recursos públicos a instrumentos financieros no garantizados en el Mercado Argentino de Valores (MAV), específicamente cheques de pago diferido emitidos por el empresario Rubén Medula que a principios de año enfrentó problemas de liquidez e incumplió sus obligaciones. La presentación sostenía, además, que estas operaciones se realizaron sin previsión presupuestaria específica, sin acto administrativo formal que las autorice y sin participación del Concejo Deliberante, órgano que ejerce el control político sobre el Ejecutivo municipal.
Pérez Pons también aportó documentación sobre las operatorias e incluso reveló que el secretario de Gobierno, Diego Landriscina, -quién tomó licencia en medio del escándalo- habría cobrado más de 14 millones de pesos en comisiones desde su rol de administrador de la cuenta comitente del Municipio de Sáenz Peña en la Bolsa de Comercio del Chaco.
Según reveló la propia Bolsa, el Municipio venía operando en el mercado de operaciones no garantizadas desde 2023 y había obtenido ganancias -el interés pagado era el doble de un plazo fijo- hasta que la cadena de pagos se cortó y la empresa libradora de Medula no pudo patear más el pago de los cheques a los inversores, hoy acreedores.
La versión del intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, que reiteró en dos conferencias de prensa, es que el Municipio era “víctima” de esta situación, que jamás operó con esos instrumentos de alto riesgo y responsabilizó a la Bolsa de Comercio del Chaco.
El pacto de silencio entre el Municipio y la Bolsa de Comercio
Para tratar de clausurar las repercusiones del escándalo, el Municipio de Sáenz Peña informó la firma de un acuerdo con la Bolsa de Comercio en la que esa entidad asumía implícitamente que había operado con instrumentos financieros no garantizados sin estar autorizado por la gestión municipal. A partir de ese acuerdo se habilitaba el levantamiento del embargo judicial -dictado por el juez Correccional de Sáenz Peña, Carlos De Césare- contra la Bolsa por casi 1800 millones de pesos y ésta devolvería al Municipio casi 800 millones de pesos, entre capital e intereses, en un cronograma de pago que arrancaría el próximo 15 de mayo y se extendería hasta julio de 2027. Sin embargo, ese pacto no cerró la causa penal en la que el diputado provincial Santiago Pérez Pons es querellante, pese al intento del juez de Garantías de Sáenz Peña, Luis Kubicek, por apartarlo de la investigación.
Pérez Pons: “Quisieron tapar el sol con la mano, pero no van a poder”
Pérez Pons consideró que la citación judicial a la mano derecha del intendente Cipolini responde a la solidez de las pruebas reunidas en la causa. “Quisieron tapar el sol con la mano, pero no van a poder. La prueba es tan contundente que la Justicia tiene que avanzar contra quienes cometieron delitos graves”, afirmó. Y destacó: “Logramos con todas las pruebas aportadas, que la justicia llame para imputar a Diego Landriscina”.
El legislador del Frente Chaqueño también apuntó contra el funcionario citado al señalar que “no solo puso en riesgo fondos municipales, sino que cobraba comisiones por hacerlo”, y agregó que en las últimas operaciones investigadas se habrían registrado movimientos por unos 15 millones de pesos en una cuenta personal.
Las declaraciones del diputado se extendieron hacia la conducción municipal. En ese sentido, pidió que la investigación avance sobre el intendente Bruno Cipolini: “Esperemos que la Justicia además de imputar a Diego Landriscina, también lo haga con el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini”.
Asimismo, cuestionó el funcionamiento de la administración local: “Todos los saenzpeñenses saben que vienen cometiendo delitos y gobernando esa ciudad hace más de 20 años con mucha impunidad”.
Fuente: litigio.com.ar