La crisis golpea con fuerza al sector pesquero en Mar del Plata, pone en riesgo miles de empleos y comienza a trasladarse al resto de la economía a través del aumento de los costos logísticos.
En este contexto, la situación ya alcanza una escala crítica, hay cerca de 140 buques fresqueros operando desde el puerto local y unas 100 empresas al borde del colapso. De este modo, deja de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza directa a uno de los principales motores económicos de la ciudad. Asimismo, el conflicto muestra una evolución clara: primero impactó el aumento del gasoil, luego la caída de la rentabilidad y, ahora, la presión comienza a trasladarse sobre los salarios.
El fuerte aumento del precio del gasoil paraliza al sector pesquero en Mar del Plata y enciende alarmas en toda la cadena productiva, mientras crece la expectativa por una inminente suba en los costos del transporte que podría impactar en los precios.
En este contexto, empresarios del puerto advierten sobre un escenario límite. “Vamos a la quiebra o a la inactividad total”, señalan, reflejando una situación donde la ecuación económica dejó de ser viable.
En efecto, el precio del gasoil sin IVA pasó de $1.251 en noviembre a $2.013 en la actualidad, mientras que el valor de la merluza se mantiene prácticamente congelado desde hace casi dos años.
Por lo tanto, los costos aumentan, pero los ingresos no acompañan, lo que deriva en una decisión concreta, muchos barcos dejan de salir a pescar.
Asimismo, la crisis ya impacta de lleno en la estructura productiva. Con cerca de 140 buques fresqueros y unas 100 empresas comprometidas, alrededor de 3.000 puestos de trabajo están en riesgo. En consecuencia, el conflicto comenzó a trasladarse hacia otros frentes, como las negociaciones salariales, que quedaron en suspenso ante la falta de rentabilidad.
Por otro lado, desde el sector advierten que la problemática no es aislada, sino de alcance nacional. En las últimas horas, cámaras empresarias solicitaron la intervención urgente del Gobierno ante la suba del combustible, que acumula más de un 40% en lo que va del año.
A esto se suma la presión impositiva con tributos que superan el 16% del precio final y un contexto internacional adverso, marcado por mayores costos logísticos y menor demanda en mercados clave.
En este sentido, las entidades reclamaron medidas concretas, como la reducción impositiva sobre el gasoil, esquemas de precios previsibles y políticas de apoyo a las exportaciones. Además, advirtieron que otros países competidores ya implementaron ayudas, lo que profundiza la pérdida de competitividad de la flota argentina.
Mientras tanto, la crisis comenzó a escalar al plano político. Por un lado, la concejal Vilma Baragiola calificó la situación como “extremadamente delicada” y pidió medidas urgentes, incluyendo subsidios al combustible, financiamiento accesible y alivio fiscal.
Por otro, el edil Gustavo Pulti impulsó iniciativas similares y cuestionó el rumbo económico nacional, al sostener que el modelo actual afecta la rentabilidad del sector.
Ambos dirigentes propusieron la creación de una mesa de trabajo con participación de todos los actores involucrados para encontrar soluciones. De hecho, se advierte que el impacto de una eventual paralización no sería solo sectorial, sino social, ya que la actividad pesquera genera decenas de miles de empleos directos e indirectos.
El aumento del gasoil también empieza a golpear al transporte de cargas, un sector clave cuyos costos dependen en gran medida del combustible. En consecuencia, las empresas anticipan que deberán actualizar tarifas para evitar un quiebre en la cadena de pagos. Así, el impacto se trasladará inevitablemente a los precios finales, afectando desde alimentos hasta materiales de construcción.