El Gobierno Nacional eliminó el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCa), una de las principales fuentes de financiamiento para radios, canales y productoras comunitarias, cooperativas y medios sin fines de lucro en Argentina. Estos sectores advierten que los recursos ahora podrían destinarse a espacios mediáticos privados afines a la Casa Rosada y denuncian que el Poder Ejecutivo tiene retenidos casi 13.000 millones de pesos correspondientes a fondos que ya habían sido asignados y nunca se entregaron a medios comunitarios que accedieron por concurso.
La medida tumba el FoMeCa y crea en su lugar el Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FoProA), que La Libertad Avanza presenta como una «modernización» del programa antes vigente. No obstante, tiene un cambio sustancial: ahora también pueden acceder a estos recursos aquellos medios que tengan una lógica de mercado, con fines de lucro.
Ignacio Echart, integrante de Barricada TV y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta), indicó ante Conclusión que estos espacios están totalmente en desacuerdo con esta medida, porque «intenta asfixiar una vez más a la comunicación comunitaria» y deja de lado el espíritu central del fondo anterior, que era democratizar la palabra en un mapa mediático cada vez más concentrado.
«Ahora, con el FoProA, se le abrirá la puerta a empresas, medios privados quizás afines al Gobierno, para que puedan acceder. Así se va a poder financiar a estos medios que ya están dotados de recursos. Encima hablamos de dinero que sale de nuestros propios impuestos», cuestionó Etchart.
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El artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sostiene en su inciso F que, de los fondos recaudados, se asignaría un 10% para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización. Esos son principalmente los recursos que ahora también podrían llegar a medios con fines de lucro.
«El FoMeCa era, como establece la ley, para entidades sin fines de lucro. Esto es una diferencia muy clara. Además, la resolución de la intervención del Enacom, al dar de baja el reglamento FoMeCa, reconoce que estaba vigente hasta ese mismo día. Sin embargo, no lo cumplía; dejaba sin cumplimiento la reglamentación, porque desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, no se adjudicaron los fondos que sí se recaudaron a través del gravamen a la radiodifusión», explicó Néstor Busso, referente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), en declaraciones a Conclusión.
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Según sostiene Busso, el mismo Enacom -que tiene como interventor a Juan Martín Ozores– reconoció a mediados del año pasado que habían recaudado unos 12.850 millones de pesos para el FoMeCa, que finalmente no fueron distribuidos. «Incluso hubo recursos que estaban en ejecución y no se terminaron de pagar los segundos o terceros desembolsos; convenios firmados que no se pagaron, y tampoco llamaron a concurso durante los años 2024 y 2025. Así incumplieron la ley antes de derogar el reglamento, como sí hicieron ahora», marcó.
Por esta razón es que Farco rechaza la resolución que reemplazó el FoMeCa por el FoProa, ya que modifica sustancialmente el espíritu de la ley y -sospechan- abre la cancha para que los recursos puedan ser aprovechados por los actores digitales que pululan en las redes sociales respaldando al Gobierno de Milei.
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Es que el FoMeCa nació específicamente con la Ley 26.522 utilizando el 10% de los gravámenes pagados por los grandes medios para respaldar proyectos locales, autogestivos y comunitarios. No tenía el objetivo de generar ganancias ni exportar contenidos, la finalidad se centraba en el derecho a la comunicación y la pluralidad.
«Aparece esta medida justamente cuando se está debatiendo este proyecto de ley de destrucción de la legislación laboral -que llaman de modernización laboral-; que incluye de prácticamente oculta, solapada, la derogación del gravamen a la radiodifusión, de donde salen los recursos para el cine; el teatro; la música; la radio y la televisión argentina; los medios comunitarios; y la Defensoría del Pueblo», resaltó Busso.
Además, el solo abrir el juego para que entren en competencia los actores que tienen una finalidad de lucro deja sin efecto una política pública específica destinada a este sector y los coloca en una situación aun más desventajosa.
La concentración y centralización encuentra un escenario propicio para avanzar. No hay registro de funcionarios de primera línea dialogando con medios comunitarios en estos primeros años de gestión libertaria. Mucho menos el presidente, que únicamente habla con un puñado concentradísimo de comunicadores afines.
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La pluralidad de voces no es una preocupación para el Gobierno, que genera un panorama de libre competencia como si las condiciones de partida no fuesen dispares. Las recientes medidas en torno al aparato comunicacional de la Casa Rosada arroja nuevas luces sobre cómo se piensa a la circulación de la palabra: el lanzamiento de una Oficina de Respuesta Oficial que «controla» la actividad periodística en el entorno digital signa un modelo.