La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este miércoles que Israel tiene el deber de permitir que la agencia de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Gaza, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa), presten asistencia humanitaria en el territorio palestino.
La Asamblea General internacional pidió el año pasado al tribunal, con sede en La Haya, que determinara las obligaciones legales de Israel después de que el país prohibiera de hecho que la agencia, principal proveedora de ayuda al enclave, operara allí.
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«La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar los planes para la entrega de ayuda, tanto de Naciones Unidas como de sus entidades», afirmó el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, quien indicó que Israel «debe cubrir las necesidades básicas de la población en Gaza», lo que incluye ofrecer «los medios necesarios para garantizar su supervivencia».
Así, como potencia ocupante, Israel «tiene la obligación de cubrir las necesidades de la población local, lo que incluye la entrega de productos esenciales y vitales para su bienestar». «El libre movimiento del personal de Naciones Unidas en la zona para la entrega de esta ayuda también debe ser respetado por Israel», puntualizó, en respuesta a una consulta formulada por la Asamblea General de la ONU.
Asimismo, aseguró que las autoridades israelíes no «ofrecieron pruebas que respalden que el personal de la Unrwa está vinculado con Hamas», como indicó el Ejército israelí en varias ocasiones. «Estas acusaciones no se encuentran respaldadas», afirmó Iwasawa, a pesar de que Israel prohibió las actividades de la agencia en suelo israelí tras considerar que su personal estuvo implicado en los ataques perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023.
Además, reivindicó que, precisamente desde octubre de 2023, la agencia de la ONU fue «una pieza fundamental para la respuesta humanitaria» en el enclave y sirvió a los refugiados palestinos para obtener «ayuda urgente» y salvar sus vidas. «Israel tiene la obligación de no impedir las operaciones de las entidades de la ONU y otras organizaciones y terceros países, así como de cooperar de buena fe con ellas», añadió.