La semana que viene comenzará a definirse en la Corte de Apelaciones de Nueva York el juicio por la expropiación de YPF. El fondo Burford Capital le sugirió este miércoles a la Argentina negociar con el fin de llegar a un acuerdo y, de esa forma, evitar el pago de USD 16.000 millones dispuesto por la jueza de la Corte del Distrito Sur, Loretta Preska.
La compañía británica, que compró los derechos de litigio de esta causa y es el principal beneficiario del caso, habló por primera vez por medio de un comunicado en el que “para comodidad de los inversores” sintetizó información sobre la evolución y el estado de la causa.
Sobre el final realizó lo que podría considerarse una recomendación a Argentina, su contraparte, de sentarse a negociar. Es lo que viene intentando por varias vías desde hace al menos dos años, y sin éxito. Este Gobierno, incluso de boca del presidente Javier Milei, aseguró que no va a negociar y que agotará las instancias judiciales, incluso hasta la Corte Suprema de EEUU.
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“Como todo litigio, conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, destacó Burford. Además, advirtió “que subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”.
En la apelación, el Gobierno no solo solicitará la anulación del juicio, sino que además cuestionará el monto estipulado por la jueza estadounidense. En tanto, los demandantes tendrán 10 minutos para responder y presentar su propia evidencia.
«En exactamente siete días, la República Argentina enfrentará quizás su cita más importante en una década en el caso por la expropiación de YPF. El miércoles 29 de octubre, cerca del mediodía hora de Nueva York, el Gobierno intentará persuadir a tres jueces de la Corte de Apelaciones para que reviertan una serie de fallos adversos que se extienden por más de diez años, incluido el que obliga al país a pagar USD 16.100 millones», manifestó este miércoles Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.