En el marco de la causa que investiga el ataque al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, el informe balístico concluyó que el cabo Héctor Jesús Guerrero no cumplió con el protocolo establecido en el manual de las pistolas lanzagases para limitar el riesgo de causar daños.
No fue un accidente ni un error en la aplicación de los manuales. «De los elementos aportados y en base a las experiencias realizadas, se pudieron descartar disparos efectuados con un ángulo de inclinación ascendente del arma de 45° y con una inclinación descendente de la misma comprendida entre los 30° y 45°», expresa el texto.
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La querella había pedido a la jueza María Servini, entre otros puntos, establecer posición, altura, dirección y ángulo del cañón del arma, pistola Modelo Unic Tipo lanza gases Cal. 38.1mm, Serie 00660, al momento del disparo. De esta forma, se estableció que el gendarme disparó de forma recta, lo que supone una intención no de disuasión en el contexto de una manifestación sino de causar daño directo.
El informe fue categórico: si se hubiese respetado el protocolo, el proyectil jamás habría alcanzado a Grillo, que ese día registraba con su cámara la represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sin embargo, el cabo Héctor Guerrero, indicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones ya que el informe interno de Gendarmería se cerró sin reproches disciplinarios. Por otra parte, la causa judicial avanza y el gendarme fue citado a declaración indagatoria por la jueza María Servini para el próximo 17 de septiembre.
Para la familia Grillo, que es querellante en la causa judicial, el análisis del expediente “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”.
Los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que actúan como querellantes advirtieron: “Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, advirtieron
El 12 de marzo, la represión frente al Congreso incluyó un amplio despliegue de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura y Policía de la Ciudad. La violencia escaló rápidamente. Más de cien personas fueron detenidas y otro centenar resultaron heridas. El operativo contó además con personal de civil y vehículos tanto identificados como no identificados.
El operativo se amparó en la resolución 943/23, conocida como “Protocolo antipiquetes”. Con ella, Bullrich habilitó la dispersión de manifestaciones que interrumpan el tránsito y otorgó a las fuerzas facultades para recolectar información destinada a criminalizar y estigmatizar a referentes sociales, sindicales y políticos. Desde su aplicación en diciembre de 2023, organismos de derechos humanos advirtieron que se trata de un protocolo inconstitucional.