El ex presidente Alberto Fernández rechazó este viernes las acusaciones en su contra en la causa Seguros, reiteró que trató de implementar una política pública vinculada a las pólizas para organismos y negó haber tenido participación en contrataciones de manera particular. El ex presidente respondió durante casi dos horas preguntas del juez Sebastián Casanello, la fiscalía y la defensa.
Fernández amplió su declaración indagatoria en la investigación donde está acusado por supuesta defraudación y pidió más medidas de prueba, entre ellas la citación como testigos de Vilma Ibarra, Miguel Pesce, el ex ministro de Economía Martín Guzmán y el ex canciller Santiago Cafiero.
Fernández se presentó en la causa por primera vez ante el juez Casanello, ya que en noviembre del año pasado había sido indagado por el anterior magistrado del caso, Julián Ercolini, ante quien no quiso responder preguntas.
Ahora, el ex presidente dio detalles sobre cómo funciona la «industria del seguro», habló de su relación con el broker acusado Héctor Martínez Sosa y dijo que la firma de un decreto que habilitó la intermediación en la contratación de pólizas fue parte de una «política pública» y legal.
Fernández llegó a los tribunales federales de Retiro a las 12 y estuvo dos horas en el juzgado de Casanello junto a su abogada, Mariana Barbitta.
En su descargo, Fernández expresó que «Martínez Sosa ha sido contratado por el Estado por muchos años, y de forma previa a mi gestión presidencial. No se trata de una persona nueva o inexperta en la contratación estatal».
«Cuando fui Superintendente, el Sr. Martínez Sosa era el bróker más grande de Argentina, y hoy también debe serlo, ya que es una empresa que fue fundada por su padre y tiene más de 50 años, habiendo intervenido en la contratación de seguros con el Estado en todos los tiempos y con todos los gobiernos», añadió.
E insistió: «Independientemente de mi vínculo con el Sr. Martínez Sosa, considero relevante reiterar que me era imposible conocer si desde Nación Seguros S.A o desde un organismo estatal, se consideraba útil o conveniente la contratación del Sr. Martínez Sosa, o de cualquier otra empresa proveedora de un coaseguro que permita o busque la distribución de riesgos».
«Conforme las reglas del derecho administrativo y de la Ley de Administración Financiera, cada organismo estatal se mueve con autonomía en la toma de decisiones y tiene su propia gerencia de administración, en la que seleccionan los servicios que necesitan. Como Presidente de la Nación, no tenía ninguna injerencia en ese sentido, sino que por el contrario, había una clara lejanía funcional entre mi actuación y las contrataciones efectuadas por cada ente público», aseveró.
Te puede interesar:
Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para ampliar su indagatoria en la causa seguros
El juez tiene que resolver su situación procesal y la de otros 37 imputados, que fueron indagados por el anterior juez del caso.
La Cámara Federal porteña anuló este jueves la inhibición general de bienes de todos ellos, al entender que ya habían pasado cinco meses desde el final de las indagatorias -la última fue a principios de febrero pasado- sin que se hubieran resuelto sus situaciones, por lo que no había razón de urgencia que justificara esa medida restrictiva patrimonial.