Por Manuel Parola
Más de una decena de organismos de defensa y promoción de derechos humanos elevaron una carta al presidente del Consejo de la Magistratura, organismo destinado a vigilar la actividad de los magistrados, Horacio Rosatti, donde exigieron que se aclare el rol de la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta de la entidad, en el encuentro entre diputados libertarios con represores que cumplen su condena por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.
En el escrito, los organismos fueron sobre el viaje realizado por los diputados integrantes del bloque de La Libertad Avanza María Fernanda Araujo, Lourdes Micaela Arrieta, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci a la unidad penitenciaria de Ezeiza el pasado 11 de julio, y mantuvieron un encuentro con personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Entre los represores genocidas identificados en el encuentro se encuentran Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tigel, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Raúl Antonio Guglielminetti, Honorio Carlos «Pájaro» Martínez Ruíz, Manuel Juan Cordero Piacentini, Gerardo Arráez, Miguel Ángel Britos, Mario Marcote, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Marcelo Cinto Courtaux y Julio César Argüello.
Plan de impunidad para condenados por delitos de lesa humanidad: pedimos explicaciones al Consejo de la Magistraturahttps://t.co/dJfQ5Mj2d7
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) August 15, 2024
El encuentro, según se pudo reconstruir, fue organizado con el objetivo de trazar estrategias para conseguir que los genocidas, primariamente, puedan atravesar sus condenas en sus domicilios, o incluso garantizar la impunidad de personas juzgadas y condenadas por crímenes contra la humanidad.
Específicamente, la trama se extiende hasta el mes de marzo, cuando se comenzó a tejer las redes entre familiares y amigos de los condenados, un cura, abogados y exfuncionarios judiciales, que mantenían conversaciones por medio de un grupo de WhatsApp. Dentro de lo observado en los chats se desprende la mención a Díaz Cordero.
Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura
“La información indica que de esas reuniones habría participado la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, junto con un ex magistrado y otros abogados y abogadas”, sostienen los organismos en su texto y destacan que “el Consejo de la Magistratura tiene un claro rol en la conformación de un sistema de justicia comprometido con los derechos humanos”.
En este sentido, la carta elevada al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por una resolución del supremo tribunal que él mismo preside, también se hizo con la titularidad del Consejo de la Magistratura, apunta que la función de dicha entidad es “designar, sancionar y remover a jueces y juezas que, entre otros, investigan, juzgan y sancionan a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.
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“Por lo tanto, la intervención en hechos de esta gravedad de una de las autoridades del órgano constituiría un grave retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que compromete a los tres poderes del Estado”, argumentan los trece organismos de derechos humanos que firman el mensaje oficial: “Por estos motivos, solicitamos al presidente del Consejo de la Magistratura y a sus integrantes que se investiguen exhaustivamente los hechos y la participación de Díaz Cordero en ellos y que se aclare públicamente lo sucedido”.
Esta solicitud llegó al despacho de Horacio Rosatti menos de 24 horas después de que la Cámara Baja rechazara no una sino dos iniciativas -presentadas por el bloque de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)- que buscaron apartar de sus funciones legislativas, la primera, y sancionar, la segunda, a los diputados que estuvieron involucrados en el viaje a los genocidas.
La expulsión de los libertarios de legislatura fue rechazada con 121 votos en contra, sobre 102 a favor. Por otro lado, la sanción a los mismos fue rechazada 112 voluntades a favor y 113 en contra. Lo curioso es que una de las diputadas libertarias que participó del hecho, la rosarina Rocío Bonacci, votó a favor de la sanción.