La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado, con el voto favorable de bloques de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Unión por la Patria, el proyecto de financiamiento para las Universidades Nacionales, que es rechazado por el oficialismo encabezado por el presidente Javier Milei con el argumento que aumenta el déficit fiscal.
La iniciativa obliga al Gobierno Nacional a garantizar las partidas para las Universidades Nacionales y establece un mecanismo para el aumento de los salarios de los docentes y no docentes, uno de los principales puntos que reclamaban las autoridades educativas ya que no les permitía brindar clases, y en algunos casos eso llevó a que varias casas de altos estudios tuvieran que prohibir a los alumnos anotarse en más de tres materias por cuatrimestre.
Mas recursos para las universidades
La propuesta de aumentar los recursos para las Universidades fue rechazada por La Libertad Avanza y el PRO, ya que el Gobierno Nacional considera que altera su objetivo central es el déficit cero, con lo cual es una iniciativa que está a tiro del veto presidencial.
La bancada de la Libertad Avanza aceptó incluir en el temario el aumento de los recursos para las Universidades porque la UCR amenazaba con no dar quórum a la sesión solicitada por el oficialismo y el Pro, que tenía como tema central declarar la educación como servicio esencial. La iniciativa se comenzó a debatir a las 4.30 de la madrugada luego de sancionar los proyectos sobre educación esencial, reforma del Registro de Datos Genéticos, convenios internacionales, en medio de la agudización del conflicto de la educación superior, con paros docentes en todo el país.
El texto que fue sancionado es el dictamen promovido por la UCR-Encuentro Federal que cosechó 143 a 77 votos en contra, luego que se haya rechazado el despacho de la mayoría impulsado por Unión por la Patria. La iniciativa pudo ser aprobada tras un acuerdo entre los radicales, EF, y UxP donde se incorporó el mecanismo salarial que tendrán el personal universitario que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.
El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades. En ese sentido, la iniciativa fija que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.
Además, fija que el Poder Ejecutivo tendrá a actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales por el índice general de precios al consumidor informado por el INDEC.
Uno de los puntos centrales es que se aumentará todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho periodo.
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Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, deberán actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial no tendrá vigencia solo si habrá un acuerdo entre las organizaciones gremiales y autoridades universitarias que tenga el aval del Gobierno Nacional. Otro punto de la iniciativa es que habrá control de la Auditoría General de la Nación conforme los términos del artículo 59 bis de la ley 24.521.
También se fijó que habrá una ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles. Uno de los temas que no se pudo incluir del dictamen de la UCR fue el articulo 7 vinculado a los mecanismos de seguimiento y evaluación, que fue rechazado por UxP.
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Otro tema central es el de las obras que se encuentran frenadas desde la asunción de Milei. En total 119 trabajos en diferentes universidades del país que se encuentran frenados.
De ese total, 42 se encuentran en territorio bonaerense, que son las que el Ejecutivo provincial está intentando retomar. De todas ellas, las que más urgencia tienen en finalizar los trabajos son universidades de Avellaneda, Florencio Varela, José C. Paz, Luján, Carmen de Areco, San Martín, Quilmes, Tres de Febrero, La Matanza, Moreno, Lomas de Zamora y Almirante Brown.
De ser aprobado por el Senado el nuevo financiamiento de Nación, esas serían las casas de estudios que se verían beneficiadas por la nueva ley.