Hubo un revés judicial para el gobierno de Javier Milei y crece la incertidumbre sobre la devolución de las prepagas. Si bien semanas atrás desde Nación obligaron a estas empresas a retrotraer sus cuotas a los valores de diciembre y a aplicar, a partir de ese momento, aumentos acordes a la inflación, devolviendo a los afiliados la diferencia, ahora la Justicia cambió de manos el expediente, por lo que el reintegro podría demorarse.
Paralelamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado que este jueves se iba a “aclarar la fórmula” de reintegro. Asimismo, adelantó que se abrirá un canal de denuncias para “las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado”.
El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado.
Ademas se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento. https://t.co/kEnZeZLbqL
— totocaputo (@LuisCaputoAR) May 1, 2024
Fue el mismo Gobierno nacional que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, desreguló las cuotas de la medicina prepaga. Pero la situación pareció haberse salido de control: a partir de enero las empresas aplicaron un incremento del 150%, contra una inflación del 70%. Ante tales aumentos, y a pesar de sus fuertes críticas a la intervención del Estado en los precios, desde Casa Rosada se vieron obligados a tomar medidas legales para regular los incrementos en el sector.
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A través de un amparo presentado contra varias prepagas –entre ellas OSDE, OMINT, Galeno, Swiss Medical, Medicus y Sancor– el Gobierno pretendía que la Justicia deje sin efecto “en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas”. También se buscaba “la devolución y/o reintegro de las sumas que han sido indebidamente percibidas por éstas a la fecha”.
Como respuesta, varias empresas defendieron los aumentos: no solo cuestionaron la legitimidad de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) para llevar adelante la denuncia, sino que afirmaron que lo que el Gobierno pretendía, en oposición a “la libertad” que fijó el decreto, era la derogación judicial de lo dispuesto por el propio DNU.
Ante esta situación, la jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira decidió cambiar de manos el expediente y lo remitió a un proceso colectivo que impulsaron varios ciudadanos comunes contra el DNU de Milei.
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No obstante, la magistrada sostuvo que la Superintendencia de Seguros de Salud actuó en nombre de los afiliados, y apuntó: “Queda a la vista que, aun cuando la demanda no ha sido formalmente presentada como una acción colectiva, la pretensión formulada reúne todos los requisitos necesarios para ser considerada como tal”.
La jueza Maquieira remitió el caso al magistrado Juan Rafael Stinco, quien ya tiene en sus manos el amparo colectivo presentado ante estos aumentos. Esta recurso fue impulsado por el ciudadano de apellido Wilson, socio de Swiss Medical, quien denunció que el Poder Ejecutivo excedió sus facultades previstas en la Constitución Nacional.
“Se puede concluir que entre la causa colectiva ‘Wilson’ y estas actuaciones existe una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva, lo que determina que ambos expedientes deban tramitar de manera conjunta ante un mismo magistrado para evitar el escándalo jurídico que implicaría el dictado de sentencias que sean contradictorias entre sí. Llego a esa conclusión no sólo porque en ambos procesos se busca tutelar a ‘la salud’ como bien colectivo e indivisible, sino también porque, si bien el objeto de uno y otro expediente difieren en cuanto a su formulación, coinciden en cuanto a su finalidad”, dijo la jueza Maquieira.