La Justicia Federal dictó este martes una medida cautelar contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y exhortó al Ministerio de Seguridad a «adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho». Se trata de la resolución sobre una presentación que solicitaba que se declare la inconstitucionalidad del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, presentada el pasado 18 de diciembre por Celeste Fierro, legisladora porteña del Movimiento Social de los Trabajadores (MST).
El juzgado Criminal y Correccional Federal 7 confirmó la recepción de un informe del Ministerio de Seguridad sobre el protocolo antipiquete y en consecuencia pidió a esta cartera que «adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos» por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
El juez federal Sebastían Casanello confirmó la recepción del informe solicitado a la cartera dirigida por Patricia Bullrich para que detalle los «fundamentos jurídicos» del protocolo y «si fueron consultadas» la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
«El Ministerio de Seguridad explicó cómo arribó al dictado de la resolución impugnada, sus fundamentos, y la normativa en la cual se encuadraba la competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. De su respuesta surge que no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales», indicó Casanello. Y sobre la adecuación del Protocolo a las normas internacionales de derechos humanos, «se hizo una genérica invocación de instrumentos y documentos», agregó.
«Frente a este escenario, están dadas las condiciones para dictar una medida de naturaleza cautelar -y tutelar- que actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales», aseveró Casanello, aunque advirtió que «la decisión no tendrá, al menos de momento, el alcance pretendido en la demanda» de declaración de inconstitucionalidad.
El documento señaló además que «si bien del informe presentado a requerimiento del tribunal, pareciera derivarse un conocimiento de la existencia y la preeminencia de algunas de estas reglas y principios, y del límite que se impone al ejercicio de la violencia -sujeto a un examen de proporcionalidad-, ello se agota en meras referencias genéricas desconectadas de los términos específicos incluidos en el acto administrativo cuestionado».
Asimismo, destacó que «la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar -y, particularmente, criticar- a las autoridades». «Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático. Al estar más cerca del nervio democrático de la Constitución merecen especial protección», subrayó el juez.
Por las razones expuestas, Casanello pidió al ministerio de Seguridad que «adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho» y que se «instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales».
También convocó a la audiencia de habeas corpus para que comparezcan ante su juzgado un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, las accionantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, para el día 14 de febrero a las 11.